El 1 de septiembre, la reunión paritaria entre rectores y gremios fracasó tras la insuficiente propuesta del Gobierno, que pretendía otorgar un 3 por ciento de aumento, mientras existe una deuda acumulada de más del 30 por ciento respecto a aumentos previos, que buscan restaurar el poder adquisitivo de docentes y no docentes previo a la asunción de Milei.
Dicha deuda se deriva de lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso con amplios consensos, incluso luego de un veto presidencial, y que cuenta con medidas cautelares que exigen a la administración actual la implementación inmediata de ciertos artículos. Al finalizar la reunión, se decidió posponer la discusión apostando a que el oficialismo presentara una nueva propuesta el jueves 17, pero esto no sucedió. “No hubo propuesta en el ámbito paritario. El gobierno nacional ratificó lo que ya había dicho hace un mes”, declaró el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci.
Pese a los esfuerzos del CIN y los sindicatos para mantener un diálogo constructivo, la situación parece haberse estancado. En junio, firmaron un acuerdo en el que el Gobierno se comprometió a un aumento del 21,3 por ciento en junio y un 3 por ciento adicional en octubre, además de fondos para gastos de funcionamiento que nunca se transfirieron. La reciente falta de avances ha llevado al secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Cagnacci, a señalar que es necesario implementar medidas contundentes para visibilizar la gravedad de la situación.
Con el respaldo de varias federaciones, la huelga de 23 días comenzará el 21 de septiembre con un paro en el rectorado, concluyendo el 22 de octubre en el Hospital de Clínicas. Cagnacci afirmó que estos paros ayudarán a generar conciencia sobre la crisis actual, que trasciende la discusión salarial y pone en riesgo el futuro del sistema educativo del país.
Otro aspecto crucial para el CIN es el presupuesto proyectado por el Gobierno para el próximo año, que asciende a 7,3 billones de pesos. Según cálculos del CIN, se necesitarían al menos 11 billones para cubrir todos los gastos. Durante la reunión del jueves, Bartolacci expresó esta preocupación a los delegados del oficialismo, subrayando la dificultad de establecer diálogos con quienes parecen no querer conversar, y reseñando que no hay respuestas ni avances en el ámbito judicial o paritario.
La crisis se profundiza, y Bartolacci, también rector de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió que si el Congreso aprueba el Presupuesto así planteado, todas las funciones y programas de las universidades se verán comprometidos. “Con ese presupuesto no se garantiza el aumento salarial pendiente y tampoco existen condiciones para operar”, explicó.
En respuesta, el CIN ha iniciado una estrategia para persuadir a los legisladores de apoyar el reclamo universitario. Han presentado una audiencia en Diputados y planean realizar reuniones provinciales con representantes para abordar estos temas y contar con el apoyo de los gobernadores en la discusión del presupuesto.
A raíz de la reunión con el oficialismo, se acordó convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria, la quinta en la lucha contra el recorte educativo. Bartolacci expresó que esta es la acción necesaria, destacando que hasta ahora el Gobierno ha mostrado desinterés por cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Cagnacci destacó la importancia de que la sociedad respalde estos reclamos, señalando que lo que está en juego es el derecho a la educación y la posibilidad de construir un futuro diferente para Argentina a través del avance en el desarrollo científico-tecnológico.
