Esta medida fue acordada por la Sala I del tribunal, compuesta por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, quienes aceptaron el recurso de casación presentado por la querella, representada por Germán Eduardo Oestmann, rector de la mencionada universidad.
El caso origina de una denuncia que surgió tras un operativo llevado a cabo el 9 de diciembre de 2024 en las instalaciones de ISSUNCAUS, la obra social de la universidad, en el contexto de una orden de presentación de documentación.
La denuncia sostiene que el procedimiento fue realizado por agentes armados de Gendarmería Nacional bajo instrucciones de la fiscalía, y que implicó el cierre de accesos, restricciones de ingreso, bloqueo de puertas y la imposibilidad de que las abogadas de la institución y una escribana pudieran verificar la diligencia.
Aunque la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia había validado la desestimación de la denuncia al considerar que no existía delito, la Cámara de Casación determinó que esta decisión no cumplió con el requisito de motivación y no respondió adecuadamente a los argumentos presentados por la querella.
El juez Slokar argumentó que los fundamentos proporcionados por la Cámara de Apelaciones eran insuficientes para justificar el archivo prematuro de las actuaciones, resaltando que era necesaria, al menos, una mínima producción probatoria para aclarar lo sucedido. Por su parte, Petrone indicó que la desestimación en una fase inicial del proceso había obstaculizado a la querella en su intento de avanzar y demostrar los puntos de su acusación, mientras que Barroetaveña apoyó este enfoque.
Así, el tribunal decidió hacer lugar al recurso, revocar la decisión impugnada y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que emita un nuevo pronunciamiento, sin costas.
