Tras la sexta y última prórroga dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), este lunes 16 de noviembre vence el plazo para presentar la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.
Especialistas en materia tributaria sostienen que “nunca en la historia un vencimiento llegó a noviembre”. ¿Qué explica, desde una perspectiva profesional, esta situación excepcional?
El origen está en la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada el 26 de diciembre de 2025 y modificada el 17 de septiembre de este año. La norma fue impulsada con el objetivo de que los argentinos “saquen los dólares del colchón”.
La ley creó el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), un esquema que permite a determinados contribuyentes, personas humanas, cumplir sus obligaciones con mayor agilidad. También habilita dos beneficios: el efecto liberatorio del pago sobre el período fiscal base y la presunción de exactitud, conocida como “tapón fiscal”, para los períodos no prescriptos.
¿Por qué un vencimiento previsto inicialmente para junio terminó extendiéndose hasta noviembre? No hubo una sola causa. Los cambios sucesivos en las normas, las reglamentaciones complementarias y la falta de definiciones sobre algunos aspectos del régimen generaron incertidumbre entre contribuyentes y profesionales.
“En muchos casos, no se contaba con las respuestas o certezas necesarias para poder liquidar correctamente los impuestos y cumplir con las obligaciones en los plazos originalmente previstos”, explicó Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich.
Uno de los principales focos de conflicto fue la definición de “discrepancia significativa”, el mecanismo que permite a ARCA “quebrar” el tapón fiscal. Mariano Ghirardotti, contador y socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, cuestionó la técnica legislativa original, que fijaba el 15% sobre el saldo del impuesto y no sobre el impuesto determinado.
“Así, ante dos declaraciones juradas exactamente iguales, si un sujeto había ingresado todos los anticipos y le quedaban $ 100 a pagar, el fisco solo debía encontrar un ajuste de $ 15 para estar frente a una discrepancia significativa. Esto beneficiaba al incumplidor y generaba todo tipo de situaciones anómalas”, precisó.
El especialista señaló que “el universo de contribuyentes restringido a determinado nivel de ingresos y patrimonio” fue otro de los obstáculos para implementar la Ley de Inocencia Fiscal. “En el cómputo de ingresos, se tomaba, por ejemplo, la venta de un departamento o las operaciones de compraventa de acciones por el precio de venta y no por el resultado. Había contribuyentes que habían recibido una herencia o realizado determinadas operaciones que los dejaban fuera y no podían ingresar al régimen”, destacó Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios.
Frente a esas dificultades, el Gobierno modificó algunos puntos de la norma, en una reforma denominada Ley de Inocencia Fiscal II. El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó dos reuniones con un grupo de contadores, en mayo y junio, para analizar los problemas detectados en la implementación y ampliar el alcance del régimen.
Entre las modificaciones se eliminaron los límites de ingresos, fijados en $ 1000 millones, y de patrimonio, establecido en $ 10.000 millones, para las personas humanas y las sucesiones indivisas que elijan adherir al régimen por el período fiscal 2025. Los “Grandes Contribuyentes Nacionales” y los funcionarios públicos también podrán optar por el esquema simplificado, aunque no accederán a sus beneficios.
La reforma, además, redefinió las condiciones para determinar si existe una diferencia relevante. Aunque un contribuyente supere el 15% del impuesto determinado, no quedará excluido del régimen si la diferencia nominal reclamada no llega al equivalente al 5% del monto de evasión simple, $ 5.000.000, previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario.
“Tampoco se había contemplado que el fisco no pudiera utilizar la presunción de depósitos bancarios a los fines de detectar una discrepancia significativa. Eso también se corrigió: hoy no puede usar ni la de incremento patrimonial no justificado —que ya estaba— ni la de depósitos bancarios, y además se limitó la posibilidad de usar otros indicios y presunciones”, agregó Domínguez.
Así, la carga de la prueba quedará en manos de ARCA, que solo podrá apoyarse en la información declarada por el contribuyente, en los datos disponibles en sus sistemas o en los aportados por terceros.
Tampoco habrá discrepancia significativa si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y regulariza la diferencia, más los intereses, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de la liquidación administrativa o de la determinación de oficio.
Uno de los objetivos centrales del Gobierno es que el nuevo régimen estimule la exteriorización de ahorros no declarados, para impulsar el consumo o fortalecer el mercado de capitales local. Los especialistas, sin embargo, mantienen cautela: sostienen que los resultados dependerán de la estabilidad del esquema y de la confianza de los contribuyentes.
La Ley de Inocencia Fiscal II permite exteriorizar los llamados “dólares del colchón” hasta el 31 de diciembre de 2027, un año en el que habrá elecciones presidenciales. Los fondos deberán canalizarse, tanto en su origen como en su destino, mediante mecanismos autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
A esa medida se suma una reciente reglamentación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que fijó un umbral anual de operaciones de $ 100 millones. El monto coincide con el previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario para el delito de evasión simple y equivale, al tipo de cambio actual, a unos u$s 60.000 anuales.
Quien busque exteriorizar dólares no declarados por hasta ese monto no deberá justificar el origen de los fondos ni presentar documentación sobre sus ingresos, patrimonio o actividad económica. Los sujetos obligados, como bancos, ALyCs y escribanos, tampoco tendrán que verificar si la operación es compatible con la capacidad de ahorro de la persona.
En estas condiciones, el incentivo para “sacar los dólares del colchón” podría ser mayor cuando el contribuyente encuentre una oportunidad inmobiliaria, necesite financiar un proyecto o quiera generar una renta con sus ahorros.
La estabilidad macroeconómica y la percepción de seguridad jurídica a largo plazo, entre otros factores, serán determinantes para evaluar el resultado del “plan colchón”.























