El balance anual no pasará a ser deficitario. El superávit financiero previsto bajará de aproximadamente $26,4 billones a unos $18,9 billones, de acuerdo con los cálculos de ejecución incluidos en el mismo decreto. En otras palabras, las cuentas conservarán el excedente, aunque será casi un tercio menor que el consignado en el cálculo final del presupuesto vigente.
Las modificaciones presupuestarias no son nuevas ni exclusivas de esta gestión. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei sostiene su plan sobre una regla que cumple desde el primer mes: gastar menos de lo que ingresa. Por eso, cada cambio en las cuentas recibe especial atención.
Los considerandos del decreto señalan dos motivos principales. El primero es que el Presupuesto 2026 calculó una inflación menor que la finalmente consolidada durante el año: 18% frente a 33%. Como varias partidas se habían estimado con precios que no se concretaron, distintas jurisdicciones advirtieron que se quedarían sin crédito. La ampliación representa el 10,2% del presupuesto vigente y fue firmada por todo el gabinete en acuerdo general de ministros.
El segundo motivo es que también se sobrestimaron la actividad y el crecimiento, factores que generan mayores ingresos. Así, sin incumplir la regla presupuestaria, el excedente se reduce.
El efecto sobre el resultado primario, la medida que observa el Fondo Monetario Internacional y que el Gobierno presenta como un logro, es menor. De los $15,57 billones adicionales, $3,89 billones se destinan a intereses y comisiones de deuda, contabilizados por debajo de esa línea. Si se excluye ese concepto, el superávit primario cae unos $3,6 billones. El resultado financiero, en cambio, refleja el ajuste completo.
Quién recibe los fondos
La mayor parte de los recursos adicionales corresponde a la Anses, con alrededor de $9,99 billones. De ese total, casi $5,9 billones se destinan a las jubilaciones del régimen de reparto, $1,67 billones a las prestaciones de la moratoria y $1,08 billones a la Asignación Universal por Hijo. Se trata del costo de la movilidad jubilatoria, vinculada a la inflación pasada y, por lo tanto, al aumento de precios que el Presupuesto no había previsto. El PAMI, que forma parte de la Anses, recibirá $300.000 millones.
Los intereses de la deuda ocupan el siguiente lugar, con $3,89 billones. El Ministerio de Salud suma unos $804.000 millones, en su mayoría para pensiones no contributivas por invalidez. También se refuerzan los fondos de las fuerzas de seguridad y armadas para salarios, retiros y pensiones. En conjunto, las cajas de retiro de la Policía Federal y de los militares reciben más de $840.000 millones.
La única jurisdicción con una reducción significativa es Obligaciones a Cargo del Tesoro, que pierde $2,29 billones. Esa área administra los fondos que Economía utiliza para cubrir necesidades durante el año. Allí se registra el recorte atribuido a Servicios Económicos, una finalidad que, según el anexo, termina con $247.613 millones adicionales.
Dentro de esa caja, el programa Otras Asistencias Financieras se reduce en $2,06 billones. Incluye bajas de $598.730 millones para pensiones y de $589.000 millones para ayuda social. La asistencia a las empresas públicas de energía cae $349.643 millones. Fuera del Tesoro, la coordinación fiscal con las provincias, a cargo de Economía, resigna $199.973 millones.
Después de la Anses y la deuda, el Ministerio de Seguridad es el área que más fondos suma: $1,30 billones. El refuerzo se distribuye entre distintas fuerzas. Gendarmería recibe $237.567 millones; la Policía Federal, $126.469 millones; Prefectura, $122.218 millones; el Servicio Penitenciario, $73.522 millones, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, $47.676 millones. El programa de Acciones ante Desastres y Emergencias suma otros $116.757 millones.
La Caja de Retiros de la Policía Federal incorpora $523.703 millones. Una parte importante tiene un destino judicial: el decreto reserva $475.445 millones para pagar en efectivo reajustes reconocidos por la Justicia a retirados de las fuerzas de seguridad.
Defensa recibe $1,03 billones. De esa suma, $291.552 millones corresponden al Ejército, casi en su totalidad para Actividades Centrales, donde se pagan los sueldos. La Armada suma $157.828 millones y la Fuerza Aérea, $128.888 millones. El Instituto de Ayuda Financiera, encargado de pagar retiros y pensiones militares, incorpora $324.192 millones, incluidos $67.761 millones para cancelar sentencias.
En Economía, el aumento neto alcanza $352.046 millones, aunque casi todo se concentra en el programa de Política de Energía Eléctrica, que suma $315.629 millones. La Comisión Nacional de Energía Atómica recibe $64.468 millones. Vialidad Nacional registra un cambio menor, de $11.006 millones: se agregan $14.720 millones para mantenimiento y emergencias, mientras se recortan $8.000 millones para construir autopistas y autovías.
El Conicet suma $107.725 millones, casi todo para becas. El programa de Formación de Recursos Humanos recibe $96.713 millones. El Poder Judicial incorpora $70.648 millones, principalmente para la Justicia ordinaria porteña; el Ministerio Público, $35.923 millones; el Congreso, $27.753 millones, y el Renaper, $31.500 millones para documentos.
En la Presidencia, las partidas son menores, aunque también registran aumentos. La SIDE suma $6.157 millones, la Sindicatura General de la Nación, $6.500 millones, y el Palacio Libertad, ex CCK, $5.892 millones.
Un cambio resulta llamativo: mientras disminuye la asistencia a las empresas energéticas, el programa de Política de Energía Eléctrica recibe $315.629 millones. Los recursos se trasladan de un destino a otro dentro del mismo sector.
La Anses no cubrirá sus gastos únicamente con aportes. El anexo prevé que venda títulos en moneda extranjera por $1,9 billones y utilice otros $1,8 billones de disponibilidades e inversiones de corto plazo. En la práctica, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad contribuye a financiar el pago de las jubilaciones de fin de año.
La deuda de la Nación y las provincias
El artículo 3 eleva en $78,7 billones el monto autorizado en la planilla del artículo 44 de la Ley de Presupuesto para operaciones de crédito público. Se trata de un límite, no de una emisión de deuda. El decreto no fija un destino específico para esos fondos: la autorización servirá, sobre todo, para refinanciar los vencimientos pendientes del año.
En las cuentas de deuda hay un movimiento contable que explica buena parte de la reducción del superávit. Los intereses aumentan $3,89 billones, mientras que la amortización de los Boncap, los bonos que capitalizan intereses, disminuye en la misma cantidad. El decreto habría trasladado a intereses una suma que antes figuraba como pago de capital. No implica una salida adicional de dinero, pero, como los intereses se contabilizan por encima de la línea, el cambio absorbe la mitad de los $7,5 billones de superávit resignados.
El Tesoro también prevé vender títulos en moneda extranjera por $1,01 billones, a los que se agregan los $1,9 billones que venderán la Anses y el FGS. En materia de préstamos externos, la Jefatura de Gabinete incorpora $4.000 millones del BID y $501 millones de Fonplata. Economía, en cambio, reduce en $39.637 millones un crédito del BID que no utilizará.
Para las provincias, el decreto modifica las garantías del Tesoro. Córdoba conserva un aval de hasta US$100 millones, con un plazo mínimo de tres años, pero cambia el destino del financiamiento: ya no será para “Economía Circular”, sino para “Infraestructura Hídrica y de Saneamiento”. Santa Fe se suma a la planilla de avales con un préstamo de hasta US$25 millones destinado a obras de defensa contra inundaciones en el departamento San Javier.
Hay un tercer cambio referido a las provincias, menos visible. El anexo traslada $1,34 billones, dentro de Obligaciones a Cargo del Tesoro, desde una partida general a préstamos de largo plazo para las provincias. Al mismo tiempo, el Tesoro contabiliza como ingresos $98.029 millones que estas le reintegran por servicios de deuda en títulos y $18.906 millones por la cancelación de deudas recíprocas establecida en el Decreto 969/2024.
Con las cuentas modificadas por decreto, el Congreso debatirá la semana próxima el Presupuesto 2027. El DNU deberá ser tratado, además, por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.























