Anoche, la moneda todavía estaba en el aire. A la hora de la cena, los gobernadores de Juntos por el Cambio mantenían una reunión a distancia con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para tratar de explorar una solución política a los capítulos más sensibles del proyecto de Ley Ómnibus, otra vez empantanado en la negociación exprés parlamentaria.
El encuentro virtual, pedido por los gobernadores, se prolongó durante unas dos horas. “Está todo muy difícil”, sintetizó uno de ellos pasadas las 22, una vez concluida la charla. Maximiliano Pullaro, que este martes tiene previsto viajar a Buenos Aires, fue uno de los más directos. “Es como que nosotros aumentáramos todos los impuestos en la Provincia y cortáramos todas las transferencias a los municipios. No lo entenderían”, se quejó el santafesino que arrastra, junto a Córdoba, el reclamo más airado por el incremento a los derechos de exportación, es decir, las retenciones, el capítulo más sensible del proyecto que, hasta anoche, trababa el apoyo parlamentario de los bloques más amigables.
Francos, según reconstruyó este medio, no ofreció ninguna respuesta. Solo prometió que este martes intentaría buscar alguna alternativa en la reunión de gabinete que Javier Milei prevé encabezar esta mañana en Casa Rosada. Hasta ahora, no tuvo demasiada suerte.
“Nosotros venimos haciendo el ajuste, y estamos para buscar alternativas”, resumió uno de los gobernadores que participó de la charla. “Pero nada se entiende”,
Los jefes provinciales empezaron a perder la paciencia. En su mayoría hacen fila para colaborar con el gobierno, pero no encuentran respuestas. “No hay nada coparticipable en la ley”, resaltó un mandatario recién asumido. El blanqueo propuesto en la Ley Ómnibus tenía ese espíritu en el texto original, pero se modificó para balancear el impuesto cero a las economías regionales: Milei no quiere ceder el capítulo fiscal del proyecto. Un rato antes de que empezara la reunión virtual, el gobierno había jugado su última carta para intentar compensar a las provincias y lograr que esos jefes provinciales presionen a sus diputados a través de la presentación -se haría efectiva hoy- del proyecto para restituir el impuesto a las Ganancias, que obligará, de aprobarse, a que 800 mil asalariados vuelvan a pagar ese tributo.
A la presión de Córdoba y Santa Fe vinculada a las retenciones -el rubro jubilaciones también dilataba ayer las negociaciones- se sumaba el reclamo de Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño, para incluir en el proyecto de Ley Ómnibus que el gobierno acepte restituir los fondos que la anterior gestión de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad por el traspaso de la policía, para compensar a la administración de Axel Kicillof en plena pandemia. Se trata de otra señal de preocupación para la Casa Rosada porque buena parte de los diputados nacionales del PRO pertenecen a la Ciudad.
Milei camina por aguas pantanosas, en una semana bisagra para la construcción de su relato, el eje fundamental de su programa de gobierno, y para saber dónde está parado a casi dos meses de hacerse cargo de la Presidencia. “Pareciera que solo quiere tener razón”, describió en estos días un legislador de los bloques dialoguistas.
El fin de semana parecía que la Casa Rosada se encaminaba, después de negociaciones contrarreloj y modificaciones del texto original, a tener este martes un dictamen de mayoría y la posibilidad de darle el jueves media sanción al proyecto base de su primera etapa de gestión. Pero la impericia -¿premeditada?- del Ejecutivo por acordar una vía de entendimiento final con las provincias y las bancadas más colaborativas le puso un manto de suspenso a las tratativas. La toma de decisiones del Ejecutivo desconcierta además al sistema político.
Hasta anoche, el oficialismo no había convocado al plenario de comisiones y la opción de sesionar en estos días seguía sobre la mesa -el plan del oficialismo es hacerlo el jueves-, pero con menos entusiastas. Se especulaba, en ese sentido, con la chance de que se terminen rubricando tres dictámenes -el de La Libertad Avanza, el del peronismo K y un tercero entre la UCR y Hacemos Cambio Federal, la bancada presidida por Miguel Ángel Pichetto, uno de los principales negociadores, que aglutina a peronistas, ex PRO y la Coalición Cívica-, por la insatisfacción con las respuestas del gobierno. Trascendía, en tanto, que el radicalismo y el peronismo no K podía, por caso, firmar en disidencia parcial con los libertarios y el PRO. Es una de las variantes que se ensayó a última hora de la tarde en la reunión que la UCR mantuvo en el anexo de Diputados, visiblemente molestos por las ofertas del oficialismo.
“Por ahora no veo los votos. Me preocupa mucho porque creo que el oficialismo no es consciente de que no los tiene”, resaltó, entrada la tarde, un referente del PRO en la Cámara baja que estudiaba el proyecto que la Casa Rosada había enviado a primera hora del día con las modificaciones propuestas.
En ese contexto, Milei se mantenía anoche imperturbable. De los gobernadores de JxC que participaron de la reunión virtual con Francos solo algunos tienen línea directa con él, pero hablan poco. Francos y Martín Menem, el presidente de la Cámara baja, hacen lo que pueden. El fin de semana parecía que las negociaciones entre ambos, liderados por el influyente asesor Santiago Caputo, el guionista del relato oficial, el amigo presidencial que sigue sin nombramiento formal, llevaban al proyecto de ley a buen puerto. Los movimientos de las últimas horas pusieron en peligro esas negociaciones.
Ayer, en despachos de la oposición se preguntaban hasta qué punto el gobierno estaba dispuesto a ceder en su necesidad de darle media sanción a la Ley Ómnibus, y si no sería, como publicitó el propio Milei o su amigo Santiago Caputo en las reuniones que mantuvo el jueves en el Congreso, que el oficialismo está dispuesto a dejar el proyecto a la deriva y que sean los legisladores los que, en ese caso, tengan que explicarle “a la sociedad” por qué no quisieron votarlo. Una estrategia inquietante en un contexto de crisis inflacionaria y caída de la actividad.
Se trata de una prueba de fuego, la primera para un gobierno que se apoya en la popularidad de las encuestas y el triunfo electoral que le dio el balotaje, el 56%, pero débil en términos parlamentarios, y obligado a negociar, de manera permanente, una piedra en el zapato para la construcción de un nuevo relato. “Estamos frente a un modelo de gestión que rompió los manuales y que no negocia de manera tradicional”, explicó ayer un funcionario del PRO.
El otro examen de peso para el gobierno es el conflicto callejero, de cara al paro y la movilización de este miércoles de la CGT y el peronismo que, según los organizadores, será multitudinario. El verdadero debut del protocolo anti-piquetes de la ministra Patricia Bullrich que este lunes dedicó buena parte del día al doloroso asesinato de la hija de uno de sus custodios de la Policía Federal, de nueve años, que recibió un balazo en la nuca en Lomas de Zamora, en el corazón del Gran Buenos Aires, por un hecho de inseguridad.
Como Milei, Bullrich promete ser inflexible. Está decidida a apuntalar, desde su cartera, el nuevo guion oficial. Para eso la contrató el presidente. Para contrarrestar, al menos, un semestre de pésimas noticias económicas con la promoción de la ley y el orden.
Ayer, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y el secretario del área y jefe de la Policía local, Diego Kravetz, recibieron a los sindicalistas Héctor Daer y Andrés Rodríguez. Daer y Wolff se conocieron en el recinto, cuando compartieron la Cámara baja, y trabaron un vínculo directo.
Según trascendió, los jefes sindicales se comprometieron a movilizarse lo más ordenado posible, y abundaron en que preveían una convocatoria de unas “100 mil personas”. A media tarde, emitieron un comunicado que fastidió a las autoridades porteñas -”unilateral”, según confiaron fuentes locales-, que contestaron con otro horas más tarde, en el que detallaron que “no se podrá interrumpir el tránsito vehicular” y que deberá haber “libre circulación” en la avenida Entre Ríos, donde se disponga el escenario.
El gobierno intentó sesionar ese día en el Congreso. Y contrarrestar con esa puesta en escena. “Ellos” o “nosotros”. El intento fue rápidamente desestimado por los aliados, y por la dilatación en las negociaciones.
El operativo, en ese sentido, estará en manos de la Ciudad. “Nos preocupa, y nos ocupa”, sintetizaron fuentes porteñas. No se descarta, de todos modos, que Bullrich quiera capitalizar la manifestación. En particular, por su enfrentamiento público con buena parte de los organizadores, en especial la familia Moyano, que dejó de lado las diferencias internas para enfrentar a la administración libertaria. A diferencia de la movilización de semanas atrás de la CGT frente a la plaza de Tribunales, esta vez también La Cámpora será de la partida. En esa marcha, cuando parte de la agrupación se aprestaba a manifestarse ante los tribunales, hubo un llamado de último momento de la cúpula de la organización para dar de baja la movida.
Es que, a pesar del respaldo de buena parte de la sociedad, al gobierno el reloj le empieza a correr con más urgencia. La aprobación del Congreso a la denominada Ley Ómnibus pretende darle más solidez a su relato. Es el proyecto en el que trabajó durante meses Federico Sturzenegger, también ideólogo del DNU 70, ahora con un perfil más hermético. En paralelo, un ala del Ministerio de Economía trabaja, según confiaron, en el plan de estabilización que Milei pretende aplicar a partir de marzo. A cargo del tema está Joaquín Cottani, secretario de Política Económica, un ex colaborador de Domingo Cavallo, el ex ministro que está muy atento a esa hoja de ruta. Lo que suceda en estos días será clave para los próximos meses.
