El veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, comunicado este lunes a la Cámara de Diputados, generó un fuerte movimiento en los bloques legislativos y, con mayor intensidad, en el oficialismo, que construye acuerdos para evitar un nuevo revés en el Congreso.
El presidente Javier Milei no está solo al frente de la estrategia parlamentaria del oficialismo. De hecho, sumó a los bloques del PRO, presidido en Diputados por Cristian Ritondo; y el MID, que dirige Óscar Zago.
Después de la reunión de este viernes en la Casa Rosada, quedó claro que trabajaránjuntos para impedir nuevas fugas de diputados y el posterior bloqueo a cualquier intento de la oposición de rechazar el veto presidencial.
En las consideraciones del mensaje que el Ejecutivo le envió al titular de Diputados, Martín Menem, expresó que a través del proyecto de ley se disponen “importantes modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social”.
También agregó que el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente y que no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento.
Este lunes, el jefe de Estado habló en la sede de la UIA ante los empresarios industriales en su día y se refirió a los integrantes del Congreso: “Aprobaron leyes impagables sin decir de dónde hay que sacar la plata. El superávit es innegociable”.
Tras el veto presidencial, la Constitución establece que el proyecto vuelve a ingresar al Congreso, donde será debatido. Allí, la oposición necesita dos tercios de los votos de ambas Cámaras para convertirlo en ley y que sea promulgado por el Poder Ejecutivo.
La sanción del Congreso fue vetada en su totalidad por el presidente. Como el origen de su sanción fue en la Cámara de Diputados, será este recinto el que inicie la revisión para aceptar o rechazar este veto a la ley de movilidad jubilatoria. La estrategia desde la Cámara baja será desplegada por el diputado Martín Menem.
El veto presidencial será girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social, encabezadas por el libertario José Luis Espert y por la diputada radical Gabriela Brower de Koning, respectivamente. Previsión será la cabecera del análisis. El Congreso no podrá modificar la iniciativa, solo podrá rechazar o convalidar el veto.
Los libertarios entienden que su objetivo es conseguir entre 90 y 95 diputados que estén en contra de rechazar el veto. Desde las oficinas de Martín Menem suman a aquellos que en la sesión de junio votaron en contra (72) y a los ausentes de esa sesión (23), entre los que se encuentran los diputados María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Héctor Baldassi. Esa suma les da a las autoridades libertarias 95 legisladores.
Los dos tercios de los 257 diputados del Cuerpo son 171 legisladores. Pero como se cuentan a partir de los miembros presentes, ese número puede llegar a cambiar. Cada sector se prepara en una hipotética sesión en el recinto con la presencia de la totalidad de los legisladores.
Desde la oposición creen que es fundamental lograr la mayor cantidad de rechazos y conseguir de ese modo las dos terceras partes de los presentes. Suman para eso una base con el bloque de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, y el Frente de Izquierda, con sus cinco diputados nacionales. El radicalismo, Encuentro Federal y la Coalición Cívica insisten con la reforma jubilatoria.
Lo mismo sostiene gran parte del bloque de Innovación Federal, conformado por fuerzas provinciales, que la Jefatura de Gabinete de Ministros intentará convencer de no rechazar el veto del presidente Javier Milei. Eso se podría concretar de dos maneras, votando en contra al rechazo del veto o estando ausente en el recinto al momento de votar. En eso trabajan desde los diferentes sectores de oficialismo.
La voces de los legisladores
El diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, ya adelantó su visión sobre la decisión de Javier Milei: “Es un nuevo error del Presidente, que no toma caminos alternativos, no dialoga y no encuentra una salida política en un tema tan delicado como es cuánto ganan los jubilados”.
el problema del Gobierno es de redistribución: “Este no es un conflicto de plata, sino de cómo se distribuyen los ingresos. El Gobierno y la sociedad está haciendo un esfuerzo para bajar la inflación y ordenar las cuentas públicas, después del desastre que dejó (Alberto) Fernández. Los jubilados no pueden pagar este ajuste”.
La diputada cuestionó el bono del Gobierno y dijo que “no es lo que dice la ley, no es lo que dice la Justicia y no es lo que corresponde. Corresponde que tengan una vida digna”.
Fernando Carbajal, del sector más crítico de la UCR, expresó: “Milei elige pelearse con lo que él dice que es la casta y las víctimas son los jubilados, pero los haberes de los jubilados se tienen que actualizar por ley, esto lo dice expresamente la Constitución Nacional en su Artículo 14 bis. Había una Ley, Milei la derogó por DNU, se sacó ese régimen de actualización y se deja en sus manos actualizar como él quiera”.
El senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, también cuestionó la decisión del Gobierno: “Les están negando un aumento de la mínima equivalente a tres kilos de carne picada al mes o a tres cajas de Ibuprofeno o a cuatro kilos de yerba. Ante un Gobierno insensible, los argentinos no podemos darles la espalda a nuestros jubilados. Tenemos que insistir con la ley en defensa de nuestros adultos mayores”.
Desde diferentes bancadas, los legisladores se pronunciaron tras el veto de Milei, principalmente por las redes sociales, como Maximiliano Ferraro: “No trabajaron (los jubilados) toda su vida para pasar hambre y sufrir tanta insensibilidad de un gobierno que les da la espalda. No nos da lo mismo. Los jubilados no pueden esperar”. Su posteo se sumó al hashtag #conlosjubiladosNo.
Por su parte, el cordobés Juan Brugge, publicó: “Como demócrata cristiano, frente al veto del presidente de la Nación a la ley de movilidad jubilatoria sancionada por ambas Cámaras, vamos a votar por el rechazo de este veto y a insistir en la aprobación de la ley”.
La sanción aprobada por la Cámara baja a comienzos de junio, y ratificada en agosto por el Senado, estableció un aumento del 8,1% para los jubilados y una modificación en la fórmula de movilidad. Además, el proyecto adaptó la fórmula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual, y en su artículo 2º indicó un aumento adicional una vez al año (en marzo) por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.
En sus articulados, acordó que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional, como son los impuestos al Cheque, País e IVA. La iniciativa se aprobó por amplia mayoría: 162 votos a favor y 72 en contra
