La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este lunes que la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner y otra treintena de acusados deben ir a juicio oral y público en la causa “Los Sauces-Hotesur”, en la que se investiga lavado dinero y asociación ilícita por el alquiler de hoteles y propiedades de la familia presidencial a empresarios, a cambio de negocios con el Estado.
Según el fallo, al que accedió Infobae, el máximo tribunal rechazó las apelaciones de las defensas y así dejó firme el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que había revocado los sobreseimientos de los imputados y ordenado que se haga el juicio oral y público.
“No se ha demostrado un supuesto de gravedad institucional —con la precisión y concreción que es dable exigir en este tipo de alegaciones— a fin de sortear la ausencia de una decisión definitiva o equiparable a tal. De tal modo, también respecto de este planteo el recurso carece de la fundamentación autónoma exigida por el art. 15 de la ley 48. Como tiene dicho este Tribunal, si se invoca gravedad institucional el interesado tiene una particular carga de justificación Dicha carga no se ha satisfecho en el caso, en tanto el planteo no se basa en un serio y concreto razonamiento que demuestre la concurrencia de aquella circunstancia. Así, no basta afirmar genéricamente que acude en la especie un caso de gravedad institucional en tanto ‘este proceso excede el interés individual de las personas que representamos y se proyecta sobre ámbitos de discusión pública’”, sostuvo la resolución.
El panorama judicial de Cristina Kirchner se completa con que la semana pasada el Tribunal Oral Federal 7 fijó para el 6 de noviembre del año que viene el inicio del juicio oral por la causa de los “cuadernos de la corrupción”. Además, el año que viene llegará a la Corte Suprema para que sea revisada la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de la obra pública en Santa Cruz.
Los Sauces y Hotesur son dos empresas de la familia Kirchner. En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquiler de los hoteles y propiedades de esas sociedades a empresarios. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la ex presidenta y su hijo están acusados los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.
El caso fue enviado a juicio oral y el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 por mayoría sobreseyó en noviembre de 2021 a todos los acusados. Esa decisión fue revocada en septiembre del año pasado por la Sala I de la Cámara de Casación que ordenó hacer el juicio con la excepción de Florencia Kirchner sobre quien confirmó el sobreseimiento.
Las defensas apelaron el fallo de Casación para que sea revocado y se confirmen los sobreseimientos. Eso fue rechazado hoy por la Corte Suprema.
Ahora el caso volverá al TOF 5, integrado para este juicio por Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli, para continuar el trámite del expediente. El fiscal del juicio, Diego Velasco, venía pidiendo que se reactiven las medidas de pruebas pendientes. Pero los jueces lo suspendieron hasta tanto la Corte Suprema resuelva. Con el fallo del máximo tribunal, la causa se volverá a poner en marcha.
Así, el tribunal oral deberá resolver los pedidos de prueba de la Fiscalía. Entre ellas, el entrecruzamiento de llamadas de Cristina Kirchner y sus allegados con Báez, que se hizo en la causa de la “ruta del dinero K”. También el contenido del celular del ex secretario de Obras Públicas José López que fue clave en lo que se llamó el “Plan limpiar todo” en el juicio a Cristina Kirchner por la obra pública en Santa Cruz y que fue una prueba central para la confirmación de la condena a la ex presidenta. Esos mensajes revelaron comunicaciones entre la entonces presidenta, López, Báez y otros funcionarios sobre cómo actuar con las obras que el empresario recibía para Santa Cruz.
La Fiscalía también reclamó que se realicen una serie de operativos en la municipalidad de Río Gallegos en busca de información de propiedades y que se concluyan con los peritajes ordenados en la causa.
