Una de las promesas de campaña, el gobierno de Javier Milei está cerca de cerrar la venta de la mayoría del paquete accionario de la histórica metalúrgica Impsa, fundada en 1907 por la familia Pescarmona en Mendoza, tras un primer año sin avanzar en privatizaciones.
La privatización de Impsa fue lanzada a principios de octubre. La intención oficial era cerrarla antes de fines de 2024, pero la oferta del único que se presentó al proceso de licitación, la estadounidense ARC Energy, y algunas condiciones no convencieron al Gobierno, por lo que la operación se demoró.
Tras una mejora en la oferta por parte de la empresa norteamericana, el comité evaluador que preside la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y conforman también el Fondep y la provincia de Mendoza, se apresta en breve a anunciar la preadjudicación.
ARC Energy había propuesto una capitalización de 27 millones de dólares en la metalúrgica a mediano plazo y pidió poder renegociar los contratos que Impsa tiene con otras empresas con participación estatal, como YPF, Yacyretá, Nucleoeléctrica, que gestiona las centrales nucleares, y el Ministerio de Defensa.
En las conversaciones con los enviados del Ministerio de Economía, se acordó una inyección inmediata de 7 millones de la moneda estadounidense, y el resto a desembolsar este mismo año, entre otros puntos. Se trataría de capital de trabajo mientras se buscan nuevos negocios, sobre todo en EEUU (puertos y centrales eléctricas) dada la cercanía de los dueños de la firma con el presidente electo de EEUU, Donald Trump.
Según los datos del Gobierno, arrastra una deuda de más de 570 millones del dinero extranjero, principalmente con el Banco Nación, el BICE y el BID, que los inversores estadounidenses buscan renegociar y tener un principio de acuerdo para el mes próximo.
La histórica metalúrgica realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá; YPF y otras petroleras que operan en Vaca Muerta, así como grandes compañías a nivel local e internacional. Emplea hoy a 660 trabajadores. En Mendoza la expectativa es que la privatización reactive las operaciones.
Fue estatizada en 2021 por la gestión de Alberto Fernández. En ese momento, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones y Mendoza con el 21,2%. El gobierno provincial habilitó en septiembre el traspaso. El resto de las acciones se reparten entre el 9,78% de un fondo de acreedores y el 5% que conserva la familia Pescarmona.
