La polémica por el cobro de las tasas municipales se mantiene latente, más aún en un contexto en el que la inflación sigue en baja y las decisiones de muchos jefes comunales para recaudar más complican este proceso. En este sentido, este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a la carga con el tema y lo hizo en respuesta a un posteo realizado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en el que planteó que los jefes de las jurisdicciones deben elegir de qué lado quieren estar: si del lado de la gente o de la política.
“Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda en la red social.
Vale recordar que el Estado nacional ya tomó cartas en el asunto, con algunas medidas e incluso con una demanda, ante la Corte Suprema, en contra del Municipio de Lomas de Zamora y la provincia de Buenos Aires por la “ilegalidad” de la tasa vial. Previamente, habían prohibido que los proveedores de servicios públicos cobren en sus boletas tasas que no correspondan con el respectivo servicio, con el fin de desalentar a los municipios a seguir creando tasas y cobrarlas de forma indirecta.
En su video, que generó la respuesta de Caputo, Valenzuela sostuvo: “En mi opinión, el tema no es quién tiene razón, si el ministro Caputo o los intendentes K. El tema es qué necesita la gente. Más tasas significa más precios, significa más inflación. Los intendentes debemos elegir de qué lado queremos estar. Del lado de la gente que necesita previsibilidad para tomar decisiones, para invertir, para trabajar, eso es menos inflación. O del lado de la política que siempre busca más gasto público y, además, siempre encuentra una justificación para crear una nueva tasa o aumentar los impuestos”.
Mientras que algunos municipios cobran tasas de seguridad e higiene en supermercados de hasta 6%, como Lanús,Valenzuela destacó que en su distrito solo se cobra el 0,8%. “No se puede utilizar una tasa exorbitante porque la terminan trasladando a los precios”
Además, contó que invitó al dueño de Diarco a que instale sucursales en Tres de Febrero y que le dijo que era el primer intendente en 60 años que lo llamaba para invitarlo. Cabe recordar que su dueño, Roberto Goldfarb, había afirmado en La Fábrica Podcast que por los altos costos y las tasas ya cerró sus locales en un municipio y está por hacer lo mismo en otra jurisdicción. “¿Ustedes saben que hay municipios que, aparte de cobrar una tasa altísima, después en cada uno de los servicios cobran otras tasas? Hay un municipio que está cobrando un impuesto del COVID”, se quejó.
Valenzuela, por su parte, consideró que esto muestra que hay competencia tributaria. “Otro debate fue el de no poner tasas dentro de los servicios públicos. Yo vengo pregonando que eso es una manera de esconder las cosas. Se sancionó la Ley de Transparencia Fiscal y la provincia se niega a adoptarla. Nosotros presentamos un proyecto en la provincia y nunca nos contestaron nada. Independientemente de la negativa, yo adherí llamando a los supermercados para que detallen las tasas”, dijo. Asimismo, resaltó que en su municipio cuenta con habilitación gratis.
Varios intendentes plantean que si se derogan las tasas municipales se quedan sin recursos. Frente a ello, Valenzuela sostuvo: “Yo tengo una economía austera, que es lo que requiere el momento. Tengo 3.400 empleados, mientras que hay algunos que tienen entre 9 y 10.000, con la misma población”.
Recientemente, Caputo instó a las provincias para que tomen medidas a fin de que los municipios deroguen las tasas cuyo valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio y que, a juicio del gobierno nacional, son “ilegales y arbitrarias”.
“En el escrito se solicitó que se eliminen estas ‘Tasas municipales’ que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable”, consideraron en la cartera económica.
Además, señalaron que “el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria”. A su vez, “estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”.
Cabe recordar que el Ejecutivo ya presentó una demanda judicial contra la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Lomas de Zamora por la tasa vial, un cargo aplicado al precio del litro de combustible.
“Presentamos la demanda a fin de año contra la Municipalidad de Lomas de Zamora y la provincia por la tasa vial, solicitando a la Corte Suprema que declare su ilegalidad. Si el fallo es favorable, podría extenderse a otros municipios que aplican esta tasa”, había afirmado a este medio una fuente oficial con conocimiento del caso.
El argumento principal se basa, según la misma fuente, en que la Ley de Coparticipación establece que los organismos subnacionales no pueden gravar actividades ya gravadas por el Gobierno nacional, como en este caso el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que aplica un porcentaje sobre el expendio de combustibles, igual que la tasa vial.
“Acá hay sólo cinco o seis municipios que no la cobramos”
Por otra parte, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía imputó a 95 empresas por haber incluido tasas en las facturas. Se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma.
Además, se habilitó un canal para denunciar si un bien o servicio contratado incluye tasas municipales, lo cual quedó prohibido por una nueva normativa desde principios de octubre. Esta norma estableció que ya no se pueden incluir tasas como alumbrado, barrido y vigilancia en las facturas de proveedores de servicios públicos.
Algunos intendentes fueron la Justicia y consiguieron cautelares a favor en las que se les permitió seguir aplicando tasas locales en las boletas de los servicios públicos o incluso con la compra en algunos comercios.
