Una nota oficial del SPF, registrada bajo el número NO-2026-3151791-APN-CPF1DCALYT-SPF, reconoce la falta de áreas específicas para albergar a internos que estén bajo el Protocolo de Resguardo de Personas en Situación Especial de Vulnerabilidad, esto tras las amenazas que ha sufrido Uberti y su entorno familiar para disuadirlo de ampliar su testimonio en el juicio.
A los 68 años, Uberti está recluido en el hospital de la cárcel de Ezeiza desde hace tres meses, completamente aislado de otros internos. Su defensa informa que solo sale de su habitación dos veces al día para comunicarse telefónicamente con su esposa y su abogado. Durante el resto del tiempo, tiene acceso limitado a una radio portátil y no recibe visitas ni puede salir al patio común, con el objetivo de prevenir cualquier encuentro con otros reclusos.
El exjefe del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y designado como “embajador paralelo” ante Venezuela durante el gobierno kirchnerista, se encuentra actualmente en un régimen de aislamiento que, según sus abogados, restringe ciertos derechos de los que gozan otros detenidos, como la posibilidad de asistir a cursos que podrían disminuir su tiempo en prisión.
Uberti, quien ya ha sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por su participación en el caso “Antonini Wilson”, aceptó convertirse en “imputado colaborador” en la causa Cuadernos. Su testimonio es crucial, ya que se espera que revele detalles sobre pagos ilegales en efectivo que empresarios del sector de la construcción habrían hecho a funcionarios del kirchnerismo, así como su posible relación o conocimiento por parte de la expresidenta.
En este contexto, el abogado de Uberti, Guillermo Armani, ha solicitado que se le conceda la prisión domiciliaria. Sin embargo, el titular de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, Nicolás Czizik, se opuso a esta solicitud, y ahora será la jueza Sabrina Namer quien decidirá al respecto.
En su escrito presentado a la Justicia, Armani argumentó que “la situación del Sr. Uberti no puede analizarse como la de un detenido común ajeno a las particulares características institucionales del proceso en el cual intervino como imputado colaborador”, añadiendo que el Cuerpo Médico Forense ha señalado que su estado implica una “situación de extrema complejidad psicológica y de exposición diferencial frente al resto de la población penitenciaria”.
Este planteamiento de la defensa resalta un aspecto que trasciende el caso individual: la nota del SPF indica que, de manera estructural, el sistema penitenciario federal no dispone de instalaciones adecuadas para proteger a internos con alta exposición política.
