El Ministerio de Seguridad de la Nación, junto con la Policía de la Ciudad, implementará un operativo especial para regular el tránsito y proteger los edificios gubernamentales, incluida la Casa Rosada y las cercanías del Ministerio de Salud.
La movilización, organizada por el Foro por el Derecho a la Salud, surge en respuesta al anuncio del gobierno de Javier Milei de recortes por un total de 63.000 millones de pesos en el sector sanitario. Los participantes exigen la restitución de prestaciones y financiamiento adecuado para el sistema de salud.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, dirigido por Mario Lugones, se desacredita la narrativa de la protesta, señalando que existen “motivaciones políticas” detrás de la movilización. Asimismo, se menciona que la provincia de Buenos Aires fue la única que no participó en la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) el 18 de mayo, donde se emitió un comunicado conjunto para establecer reglas y responsabilidades entre la Nación y las provincias.
Desde La Libertad Avanza se asocia la marcha con el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Se informa que funcionarios provinciales han actuado como “promotores activos” de la movilización en redes sociales, en colaboración con sindicatos como ATE, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.
El recorrido de la marcha desde el Ministerio de Salud hasta Plaza de Mayo se llevará a cabo a lo largo de la Avenida de Mayo.
El Foro por el Derecho a la Salud ha enumerado una serie de políticas que afectan negativamente al sistema de salud. Entre estas, se incluyen el desfinanciamiento del programa RemediAr, que se encargaba de distribuir botiquines con 79 medicamentos gratuitos a los Centros de Atención Primaria de la Salud en todo el país, recortes en el financiamiento del PAMI y limitaciones impuestas a los médicos del programa, así como el debilitamiento del Programa Nacional de Inmunizaciones y un retroceso en las políticas de salud mental.
Respecto a este último tema, se advierte sobre una reforma de ley impulsada por el oficialismo que, según afirman, desvía el enfoque social del tratamiento a favor de un diagnóstico médico individual.
Los organizadores de la protesta han difundido datos que ilustran el declive del sistema: el 80% de las obras sociales no cumplen con su recaudación del Programa Médico Obligatorio (PMO), la mitad de los beneficiarios del sistema público cuentan con obra social o prepaga —lo que incrementa la carga sobre los hospitales estatales— y uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que requiere. Según datos proporcionados por el PAMI, la situación sigue siendo alarmante.
