Los acusados son Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, quienes enfrentan su cuarto procesamiento, ya que se les atribuye haber actuado como piezas técnicas que permitieron que un soborno de un millón de dólares, cobrado por Gustavo Gentili, titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales durante la gestión kirchnerista, adquiriera una apariencia legítima.
Ambos permanecerán en libertad, aunque deberán afrontar embargos de $900 millones cada uno, mientras esperan que la Cámara Federal determine si revoca, por cuarta ocasión, los procesamientos dictados por Casanello, quien basó su decisión en un dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo.
Gentili estuvo al frente del Occovi, donde tenía bajo su control los peajes en las rutas nacionales, lo que implicaba la gestión de miles de millones de pesos. Según la investigación, habría recibido comisiones ilícitas en licitaciones de concesionarios viales, para lo cual utilizó intermediarios especializados en la manipulación de dinero negro.
A diferencia de Gentili y otros acusados, quienes deberán comparecer en un juicio oral, Pérez Montero y Ribeiro Ricci continúan sin este trámite judicial por decisión de la Cámara Federal, que ha considerado que no hay pruebas directas suficientes para demostrar que conocían el origen ilegal de los fondos.
Para superar esta limitación, Casanello argumentó que no es necesario demostrar que los “facilitadores profesionales” tenían conocimiento directo del origen ilícito del dinero, dado que existen indicios sólidos de que ambos eligieron ignorarlo. En otras palabras, actuaron bajo una “ignorancia deliberada”, una forma de ceguera voluntaria.
La defensa de los acusados sostiene que el juez no presentó argumentos novedosos que justificarían un cambio de opinión de la Cámara Federal. Además, calificaron la noción de “ignorancia deliberada” como una categoría “experimental e incompatible” con el Derecho Penal y Constitucional argentino, afirmando que su aplicación a este caso requeriría una base fáctica que no existe.
Casanello y el fiscal Rívolo discrepan con esta postura, citando el antecedente del caso “Carbón Blanco”, donde la Justicia condenó por lavado de activos basándose en el dolo eventual y conocimientos inferidos a partir de pruebas objetivas.
En relación con la operatoria que involucra a Gentili, el juez destacó que, tres días antes de que se acreditara el millón de dólares, la firma Aspen Trading Corp, controlada por Pérez Montero y Ribeiro Ricci, firmó un recibo reconociendo una deuda inexistente con otra sociedad, indicando así una clara simulación con el propósito de facilitar el blanqueo de fondos delictivos.
Los correos electrónicos incautados durante la investigación también revelan la dinámica del esquema. En ellos, los implicados utilizan términos como “la tarasca” y “los alfajores” para referirse al dinero. En un mensaje, otro de los acusados, Ricardo López Naón, advierte que las transacciones se deben presentar como una donación familiar, añadiendo que “si se escarba, ¡explota todo!”.
Por otro lado, las inspecciones realizadas por el Banco Central del Uruguay a Aspen Trading Corp reforzaron la suposición de “ignorancia deliberada”. Pérez Montero, quien tuvo una relación de más de quince años con Gentili, se negó en 2023 a proporcionar sus correos electrónicos a los inspectores.
Esta negativa no fue un hecho aislado: en 2016, Aspen Trading Corp ya había sido sancionada por obstruir la supervisión y carecer de controles antilavado adecuados. Según Casanello, este patrón demuestra un intento sistemático de borrar rastros, lo que facilitó el funcionamiento del esquema.
Ahora, será la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, quien deberá decidir si acepta el argumento de Casanello, lo cual podría tener implicaciones significativas para abogados, contadores, financistas y escribanos, quienes podrían ser vistos como cómplices de la corrupción. La sofisticación técnica utilizada por los intermediarios podría dejar de ser un escudo y convertirse en una fuente de exposición.
