La desaparición de documentos surge de un relevamiento interno tras la entrada no autorizada de desconocidos a una oficina del Consejo de la Magistratura.
Advierten que hay 82 sobres desaparecidos con datos reservados de jueces, tras el ingreso ilegal de desconocidos a la oficina del Consejo de la Magistratura que tiene las declaraciones juradas de los magistrados, en junio del año pasado. La Justicia involucró el caso con el de espionaje y robo de identidad a políticos, exfuncionarios como el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, además de jueces.
Los alarmantes datos los recibió el fiscal federal, Ramiro González, a cargo de la investigación, a partir de un oficio enviado por el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller, con la copia del “Informe General de la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimonial”.
González advirtió: “Si bien por el momento se desconoce a los autores de la sustracción y/o apertura de los sobres con las declaraciones juradas de magistrados y funcionarios que se revelara a partir de los hallazgos denunciados, lo cierto es que la información pública y privada que contienen los mismos es de tal sensibilidad que la difusión de su contenido puede poner en peligro tanto la seguridad como la integridad de los involucrados”, en un dictamen.
El fiscal advirtió que tomaron estado público “diferentes situaciones de injerencia a la intimidad de magistrados y funcionarios cuyos datos podrían haber surgido de la filtración de la información contenida en las declaraciones juradas”, a partir del robo de información del Consejo de la Magistratura.
La referencia fue a la causa de espionaje y robo de identidad a D’Alessandro, por el que es investigado Elías Ezequiel Nuñes Pinhiero, entre otros. En la investigación se incluye la vulneración de la intimidad del diputado nacional del PRO, Diego Santilli, y dos de los jueces que condenaron a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu y su par Andrés Basso.
De acuerdo al informe general de la Oficina de Declaraciones Juradas de la Magistratura faltan 82 sobres con información reservada de los jueces. En esos sobres había 43 anexos públicos y 39 reservados.
Además se detectaron 55 sobres abiertos y/o manipulados, anexos reservados “con signos de haber sido abiertos sin constancia que acredite su apertura en su exterior” y 277 anexos públicos “que presentaban signos de haber sido abiertos, pero que no tenían constancia que acreditara su apertura en el exterior”.
Encontraron sobres de Anexo Público de magistrados en una caja rotulada “JUECES” que estaba en el despacho del 8º piso. A la caja la hallaron “al lado del puertín, respecto de los cuales se han encontrado diversos expedientes con pedidos de accesos a tales declaraciones en los expedientes administrativos hallados en las cajas azules ubicadas en el 4º subsuelo y reseñados en el acápite ‘Otra documentación localizada en el depósito (jaula)’”. No encontraron ningún pedido que estuviera dirigido “a dichos magistrados y en tales períodos que justificara que se encontraban separados del resto de la documentación”.
Tras el relevamiento interno en la Magistratura el fiscal González ordenó medidas “que permitan dimensionar el cuadro de situación en la que se encontraban dichas declaraciones juradas como así también procurando determinar cómo sucedieron esos faltantes y aperturas”.
Pidió “efectuar un exhaustivo análisis del informe que se ejecutara con motivo de la intervención” para analizar “medidas relacionadas con los damnificados por tales intromisiones”.
Requirió citaciones para que se les tomen declaraciones testimoniales a los prosecretarios letrados que suscribieron el informe sobre el relevamiento, Pía Barbieri y Tomás Charni, además del secretario de la Corte José Luis Pivetta.
Le solicitó a la Magistratura una copia de los expedientes administrativos vinculados con los pedidos de acceso a la información relacionados a las “declaraciones juradas halladas en una caja rotulada ‘Jueces’ según se consignara en el informe general”
Pidió la realización de un documento separado con las identidades de “funcionarios y magistrados cuyas declaraciones juradas estuvieran en los 82 sobres faltantes”.
