Cuando aún no se habían acallado las voces por el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que entró en vigencia el viernes y con el que Javier Milei aspira a desregular parte de la economía del país, el Presidente redobló la apuesta y envió al Congreso un proyecto de “ley ómnibus”, que abarca una enorme cantidad de cuestiones. Entre muchas de ellas, pretende reformar la representación legislativa, al eliminar los 3 diputados “extras” por distrito y el piso mínimo de 5 diputados por provincia, lo que disminuiría la cantidad de diputados en 16 provincias con menor densidad poblacional. El texto busca establecer una nueva base para el cálculo de bancas por habitantes por lo que la Cámara baja pasaría de 257 a 254 bancas, ya que se reduciría la representación de distritos con menos población.
La inesperada propuesta busca modificar la ley 22.847, firmada en julio de 1983 por el general Reinaldo Bignone, y aumentar los votos necesarios para que un legislador sea elegido en Diputados. La sorpresiva redistribución de escaños toca un tema “sensible”, ya que requerirá un consenso que atraviesa los partidos políticos y se vincula directamente con los intereses de las provincias, donde pisan fuerte los gobernadores y su influencia en los legisladores de sus distritos. De concretarse, generaría una nueva configuración política del país, alterando significativamente la influencia y el poder legislativo de varias provincias frente al gobierno central, en especial Buenos Aires.
Esta sería la provincia más beneficiada ya que ganaría 27 diputados porquehoy, de hecho, es la que tiene una representación menos acorde con su población. Así, de los 70 actuales pasaría a 97, lo que incrementaría significativamente su peso en las votaciones en la Cámara baja.
En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires sería la más perjudicada: perdería 8 de los 25 escaños que posee actualmente y quedaría con 17.
No es la única. Son 16 las provincias que verían reducida su cantidad de diputados por su menor densidad poblacional. Seis de ellas están hoy en manos del peronismo: Catamarca, La Pampa y La Rioja perderían 3 de los 5 que tienen hoy y quedarían con solo 2; Formosa tendría 3 en lugar de los 5 actuales y ; y Tierra del Fuego, el distrito de menos habitantes, se quedaría con apenas una ban ca ya que perdería 4 de las 5 bancas actuales. Esta última, es la más afectada de todas las provincias, ya que el recorte de su representación sería del 80%.
De los distritos gobernados por Juntos por el Cambio, Chaco perdería 1 de 7; Chubut y San Luis verían reducida sus bancas en 2 de 5; Jujuy y San Juan, en 1 de 6; y Entre Ríos perdería 1 de sus 9 diputados actuales.
En tanto, las provincias patagónicas en manos de fuerzas locales también perderían escaños: Neuquén y Río Negro tendrían uno menos de 5, y Santa Cruz 3 menos de los 5 que tiene hoy.
Las que verían aumentada su representación, son seis. Además de Buenos Aires, Córdoba se vería favorecida en 3 más al pasar de 18 a 21; Mendoza subiría de 10 a 11; Salta pasaría de 7 a 8; Santa Fe, de 19 a 20; y Tucumán, de 9 a 10.
Solo dos provincias no sufrirían cambios en su representación, Corrientes y Misiones, que tienen ambas 7 diputados.
La diferencia entre las bancas ganadas (34) y las que se perderían (37) es de 3, lo que explica que la Cámara de Diputados pasaría de 257 escaños a 254.
Desde la llamada “ley Bignone” de 1983, se otorga una banca cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. El proyecto entregado al Congreso por el ministro del Interior, Guillermo Francos, eleva a 180.000 la cantidad de habitantes necesarios para elegir un diputado nacional. Además, deroga la compensación de tres diputados extra para aquellas provincias que no alcancen el mínimo de cinco legisladores.
Por este motivo, si se aprobase la nueva normativa, saldrían perjudicadas provincias que tienen poblaciones entre los 180.000 y 1.400.000 habitantes, como Tierra del Fuego, Santa Cruz, y La Pampa, entre otras.
La medida ha sido defendida por el Poder Ejecutivo como un ajuste a una ley “de la dictadura, atrasada e injusta”, y aseguran que la reforma permitiría una distribución más equitativa de representantes según la población real.
Para ser aprobada en el Congreso, la propuesta necesita una mayoría agravada (del total de sus miembros) en ambas Cámaras. La bancadade La Libertad Avanza reúne 38 diputados en la Cámara baja y 7 senadores en la alta. Si bien cuenta con el respaldo de sectores del PRO (tiene 37 integrantes), enfrenta reticencias por parte de la UCR (34 diputados), y de un nuevo bloque que se conformó hace unos días a partir de la fusión de los bloques Cambio Federal, Hacemos por Nuestro País y la Coalición Cívica, bautizado Hacemos Coalición Federal. Presidido por Miguel Ángel Pichetto, está integrado por 23 diputados nacionales que formaron parte del interbloque Juntos por el Cambio y el Federal. La bancada opositora de Unión por la Patria cuenta con 102 integrantes y el kirchnerismo adoptó una fuerte oposición a las reformas que quiere implementar Milei.
Este escenario en minoría y dividido presagia un intenso debate legislativo y abre dudas sobre aprobación, más aún en el plazo fijado por el Ejecutivo que llamó a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero, o sea en solo un mes. Aún no se conformaron en Diputados las Comisiones por las que debería pasar la “ley ómnibus”.
En un mensaje de fin de año, Milei hizo una fuerte apelación a los diputados y senadores para que apoyen las profundas reformas incluidas en la denominada “ley ómnibus” que envió al Congreso para su debate en sesiones extraordinarias. En un discurso leído que duró 7 minutos, el primer mandatario pronunció cuatro veces la palabra “catástrofe” y abogó porque la oposición respalde la iniciativa para que la Argentina vuelva a ser un “país próspero”.
El proyecto de “ley ómnibus” incluye otro aspecto que va a generar polémica: la división del país en 254 circunscripciones, y la elección de un diputado en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si Córdoba pasase a tener 21 representantes a la Cámara baja, estaría dividida en 21 circunscripciones, donde se eligiría uno en cada una. Se reemplazaría así el sistema D’Hondt de representación proporcional por uno de circunscripciones uninominales, en el cual un candidato puede ganar por un voto. Los partidos presentarían un único postulante por circunscripción.
De acuerdo al Gobierno de La Libertad Avanza, este modelo que replica el vigente en Estados Unidos, promueve una “mayor proximidad” entre el votante y el candidato, y la rendición de cuentas. El sistema contribuye a una “personalización de la política” en detrimento de los partidos. En el Ejecutivo argumentan también que evita la lista sábana cerrada con la que muchas veces se vota sin conocimiento de quiénes están en las listas.
Uno de los aspectos más cuestionados de este modelo es el criterio para establecer los límites de cada circunscripción, que quedaría en manos del Poder Ejecutivo y sería el encargado de dividir los distritos electorales un año antes de los comicios. Los críticos advierten que podría diseñar los distritos de manera de conseguir que el ganador sea de su propio partido, y dividir a los opositores para evitar que puedan poner un representante, y así “neutralizarlos”.
Este cambio de sistema podría implicar una reestructuración del sistema de partidos en beneficio de unos y perjuicio de otros, ya que favorecería a las mayorías y le quitaría peso y visibilidad a terceras fuerzas y minorías.
