El Gobierno nacional dispuso este miércoles la inscripción del “Cártel de los Soles” en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión quedó plasmada en la Resolución Conjunta 4/2025 de los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Patricia Bullrich y Gerardo Werthein.
La medida, que ayer había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se adoptó en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, como la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, entre otros instrumentos.
Al respecto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó directamente contra el régimen de Nicolás Maduro y aseguró: “Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales”
“Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, sentenció la candidata a senadora.
Vínculos criminales y actividades ilícitas
Según los considerandos de la resolución, el “Cártel de los Soles” mantiene una vinculación operativa con la organización Tren de Aragua. Los informes oficiales señalan que ambas estructuras criminales participan en actividades ilícitas que incluyen narcotráfico, minería ilegal, contrabando de combustible, así como extracción y contrabando de oro, coltán y piedras preciosas.
El texto sostiene que este entramado amplifica el alcance de sus operaciones en la región y configura un esquema de colaboración criminal que incluye el financiamiento del terrorismo. Además, se destacó que la resolución se apoya en antecedentes internacionales y en datos aportados por organismos multilaterales y registros oficiales de otros Estados.
La inclusión de la organización en el RePET no requiere sentencia penal firme y se sustenta en indicios consistentes y verificados que habilitan la adopción de medidas específicas para afectar su operatividad. El objetivo, según se remarcó en la norma, es prevenir la comisión de nuevos actos ilícitos y reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad.
La resolución concluye que el crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público, lo que exige respuestas inmediatas y coordinadas por parte de los distintos actores del Estado.
