Una de las primeras acciones que podrían llevar a cabo es solicitar una revisión ante todos los jueces de la Cámara, un proceso conocido como hearing en banc. Este recurso, que es excepcional y rara vez es admitido por los magistrados, podría transformar el panorama legal del caso. “Si los jueces aceptan, el caso tomaría una dimensión excepcional frente a la justicia neoyorquina”, comentó Sebastián Maril, director de Latam Advisors.
Los tiempos estipulados sugieren que la formalización de esta solicitud debería realizarse en un plazo de 14 días, y la respuesta del tribunal podría tardar entre 20 y 45 días en llegar.
Desde el Gobierno, se señala que esta podría ser la opción más inmediata que considere Burford, aunque destacan que las revisiones de este tipo suelen ser infructuosas, admitiendo al mismo tiempo que las características del caso podrían incidir en la resolución.
Si la petición ante la Cámara es desestimada, los demandantes tendrían la opción de escalar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque este proceso no es automático. Sería necesario presentar una solicitud de revisión, conocida como certiorari, que el tribunal supremo aceptará solo en circunstancias de relevancia excepcional.
El calendario judicial también juega un papel crucial en este proceso. La Corte entrará en receso el 31 de julio y reanudará sus actividades en octubre. Así, si se presenta la solicitud antes de esa fecha, una posible respuesta podría conocerse en diciembre. De ser rechazada, se cerrarían las opciones legales en EE.UU. En caso de que el tribunal decida involucrarse, el proceso podría extenderse hasta la resolución final en julio de 2027.
Además, existe la posibilidad de activar un recurso ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, lo que abriría un nuevo frente en el reclamo internacional contra la Argentina.
A pesar de estos escenarios, el Gobierno considera que la situación ha cambiado notablemente tras el fallo de la Cámara, reduciendo las posibilidades de éxito de una nueva apelación. Sin embargo, aseguran estar preparados para todos los eventualidades en un litigio que aún está lejos de cerrarse.
También se destaca que a pesar del fallo favorable en el caso YPF, la Argentina continúa enfrentando otros litigios que suman más de US$10.000 millones.
Dentro de los equipos legales de la Casa Rosada no se descarta que una nueva fase implique la presentación de escritos adicionales; sin embargo, subrayan que no alterarán el enfoque de su defensa. “No está todo cerrado, pero está ganado en un 90%. Ahora se invirtió el marco de posibilidades y hay muy pocas chances de que les tomen una apelación. Nos estamos preparando igualmente para todos los escenarios”, concluyeron.
