En la presentación judicial acusa de los presuntos delitos al legislador porteño Gabriel Solano y al líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni
El fiscal federal Guillermo Marijuan denuncio al legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO) por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.
En los fundamentos, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 reproduce las declaraciones periodísticas de Solano quien aseguró que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380″.
En su relato, Marijuan razona que el diputado porteño “admitió que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización”.
Horas después de ese reconocimiento, y ante una consulta de Infobae, la Mesa Directiva del Polo Obrero, a través de Belliboni, confirmó el hecho. Según su versión se trata de “un aporte voluntario votado en las asambleas” y que en esas mismas reuniones “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.
El PO tiene unos 60.000 afiliados que son beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Si a cada uno se le retiene, ya sea de manera compulsiva o voluntaria, la suma de $380 el saldo sería de unos 22.800.000 pesos mensuales. La cifra anualizada, tal como publico este medio de manera exclusiva, ascendería a 273.600.000 pesos.
Para el fiscal federal las circunstancias “fácticas” descriptas son suficientes para entender que “existen elementos de entidad suficientes para formular la correspondiente denuncia penal en orden a la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 149 bis y 168, ambos del Código Penal, sin perjuicio de que el avance de la pesquisa permita encuadrar las conductas ilícitas en otros tipos penales”
El primer artículo corresponde al delito de amenazas, que es reprimido con una pena de seis meses a dos años de prisión; el segundo a corresponde al delito de “extorsión” cuya pena es de “reclusión o prisión de cinco a diez años”.
En su presentación judicial, Marijuan entiende que se debe “determinar en definitiva la comisión de los hechos denunciados, puesto que muchas personas en estado de necesidad serían obligadas a hacer determinadas acciones o a entregar parte del dinero público que reciben de los planes sociales a dirigentes de distintas organizaciones sociales y políticas”.
En el escrito, el fiscal entiende que hay motivos suficientes para investigar “las presuntas conductas delictuales en que podrían estar incurriendo Gabriel Solano y Eduardo Belliboni -sin perjuicio de la complicidad o participación de otros individuos-”.
Como medidas de prueba Marijuan solicitó que: “Se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado ‘Potenciar Trabajo’, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.
También pidió que se haga saber “si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.
Por último, le reclamó a los “gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los Intendentes de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias, a través de sus órganos de gobierno, en orden a los hechos ilícitos aquí develados”.
Según un informe del ministerio de Desarrollo Social publicado por este medio, “unos 7.000 inscriptos al Potenciar Trabajo manifestaron situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar exigencia de cobro de una cuota o aportes, amenazas de bajas y obligación de ir a marchas o movilizaciones”.
De ese total, unas 900 personas “manifestaron recibir algún tipo de amenazas”; más de 3.000 expresaron la exigencia de un bono o cuota en función de aporte a la organización”; otros 1.400 señalaron “presión para asistir a marchas o movilizaciones” y alrededor de 1.700 titulares del programa Potenciar Trabajo describieron “maltratos por parte del referente o de la organización al solicitar el cambio de la Unidad de Gestión”.
Consultados por Infobae, desde el ministerio de Desarrollo Social precisaron que: “Las situaciones manifestadas por los beneficiarios que podrían representar algún tipo de irregularidad, fueron derivadas al equipo que trata las denuncias para avanzar en las investigaciones y en caso de encontrase pruebas derivar la denuncia a la justicia”.
Es probable que este mismo informe sea incorporado a la denuncia del fiscal Marijuan si la causa toma volumen y avanza tal como el mismo funcionario judicial aspira.
Después de la publicación de este medio sobre la quita, retención o aporte voluntario que las organizaciones sociales aplican a beneficiarios de planes sociales que militan en esos espacios, el gobierno de Axel Kicillof decidió abrir una línea telefónica de reclamo para denunciar este tipo de prácticas.
“Si vivís en la provincia de Buenos Aires y sos destinatario de Programas sociales recordá que es tu derecho recibir la totalidad de la prestación. Nadie puede retenerte o quitarte una suma de dinero que te corresponde”, explican desde el gobierno a partir de un spot que dio a conocer el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.
Ahora será la justicia federal la que deberá aclarar el tema y determinar si el Polo Obrero le quita de manera compulsiva parte de los haberes que recibe desde el Estado Nacional por las cuatro horas de trabajo que realizan en las Unidades de Gestión.
Hasta ahora, la difusión de la quita del 2% que realiza el PO a cada uno de los beneficiarios del Potenciar Trabajo fue calificada por Solano y Belliboni como “una campaña sucia contra el Polo Obrero, funcional al ajuste del gobierno”.
El Potenciar Trabajo es el principal programa de la cartera a cargo de Zabaleta. Este año tiene un presupuesto asignado de 243.126.690.730 pesos que se destinan a 1.271.215 titulares activos. Quien administra y coordina ese programa es Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, que integra el Frente de Todos. Ese dinero se deposita en la cuenta del Banco Nación que tiene cada uno de los beneficiarios.
Teniendo en cuenta ese mecanismo, y en caso de ser llamados a declarar, Solano y Belliboni deberán explicar de qué manera, cada uno de los beneficiarios “aportan” la cuota “votada en asamblea”, dónde se depositan esos millones y exactamente cómo y en que se utilizaron los fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables.
Según Belliboni y Solano, con ese dinero se financiaros comedores, merenderos y ollas populares, pero si en lugar de eso, o además de esas actividades, se utilizó parte del dinero de los impuestos para solventar la logística de las marchas, cortes y acampes ¿se podría configurar otro tipo de delitos? Pregunta e inquietudes que solo la justicia puede responder.
