El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se diferencia de sus pares de Juntos por el Cambio y le reclamará al Gobierno reactivar la obra pública bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP).
el mandatario le pedirá a Nación que le ceda algunos proyectos a la provincia para reactivar el esquema que funcionó bajo la gestión de Mauricio Macri. Se trataría de obras de vialidad como el mantenimiento del tramo Rosario-Santa Fe y Crespo-Avellaneda de la ruta 11 y la recuperación de trayectos de la ruta 178.
Pullaro además quiere impulsar los proyectos de las defensas Los Amores y San Javier junto con la readecuación del segundo tramo del canal línea Paraná y la finalización del acueducto Gran Rosario junto con la planta potabilizadora de Santa Fe, que tiene deuda de $95.000.000.
Entra en el mismo planteo el Centro Federal Penitenciario de Coronda, que avanzó solo un 25,68% y tiene un costo estimativo total de $4.107.517.550. El gobernador quiere que la cárcel sea cedida a la provincia y se utilice para presos de alto perfil, pero la intención del Gobierno es que sea federal.
La postura del resto de los gobernadores de Juntos por el Cambio no es lineal y varios esperan la reunión de hoy a las 14:30 con la Casa Rosada para definirla. Estarán con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y el vicejefe de gabinete, José “Cochi” Rolandi.
Mientras que Rogelio Frigerio (Entre Ríos) no apoyará la iniciativa de Pullaro y adherirá a la propuesta del Ejecutivo de terminar los proyectos con alto grado de avance mediante una parte de la recaudación del impuesto PAIS, hay otros mandatarios como Leandro Zdero (Chaco) que todavía lo analizan.
Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) tampoco están cerca de hacerle el mismo pedido al Gobierno. No está clara la postura de Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).
El punto de conflicto entre los gobernadores y el Ejecutivo por la negociación de la Ley Ómnibus, el DNU 70/2023 y el pacto fiscal es el piso y la escala sobre la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. En Balcarce 50 quieren establecer un piso cercano a los $1.200.000 con una retención del 5% y varios mandatarios -como los patagónicos- piden elevarlo a $1.500.000.
