Mientras la Cámara de Senadores de la Nación lleva adelanteuna nueva sesión en la que se tratarán las modificaciones en las jubilaciones y, entre otro temas, el congelamiento de las dietas de los legisladores de la Cámara Alta, el Gobierno advirtió que vetará “todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal”.
Así lo dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa.“Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”, sentenció antes de dar por finalizada la conferencia.
Su declaración se produjo al mismo tiempo que Mariano Recalde, senador por CABA de Unión por la Patria, estaba informando en la Cámara Alta el proyecto de movilidad jubilatoria, el cual establece una actualización mensual basándose en el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como lo dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
La iniciativa, además, incorpora una compensación extra —un “empalme”— de 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5%, que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insiste en que esto rija a partir de la publicación de una potencial ley, sin retroactividad, algo inaceptable para el sector considerado “dialoguista”.
Sobre el tema, que será sometido a votación, habrá un total de 20 oradores. “El sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo”
“Aprobar esta ley es un actor de justicia y de reparación. En el 2015 un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen”.
El radicalismo votaría en conjunto la ley ya aprobada por Diputados. Con el acompañamiento de la UCR, el kirchnerismo y los senadores de los bloques provinciales, la iniciativa se sancionaría con dos tercios.
Ante este escenario, ya se había hablado sobre la posibilidad de que el Presidente se vea obligado a usar un primer veto, un hecho que finalmente confirmó Adorni este jueves. No obstante, ambas Cámaras podrían insistir con ese número de votos en un futuro si Javier Milei decidiera vetar, de forma parcial o total, la eventual norma.
En la sesión ordinaria también se abordarán otros temas que no generarían discusión abierta entre los bloques y se votarían sin discursos, como el de Carolina Losada (UCR), que establece “prisión de 5 a 15 años al que reciba y al que entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
Además, al comienzo de la sesión, se trataron diferentes proyectos. Entre ellos, la petición de acuerdos para ascensos militares y cargos judiciales. El pedido resultó aprobado en el recinto.
Asimismo, también se aprobaron las transferencias de inmuebles en La Pampa, Entre Ríos, Río Negro y Salta y el convenio de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragios y la autorización de cónsules, vicecónsules y embajadores honorarios.
Qué pasará con las dietas de los senadores
En las últimas horas, los jefes de los bloques acordaron dar marcha atrás con el incremento de las dietas de los senadores y adelantaron que presentarán una nota para pedir desenganchar la variación de sus sueldos de lo que cobran los empleados del Congreso.
El consenso al que llegaron los bloques es desenganchar sus dietas, pero además congelarlas hasta diciembre. Aunque el texto final de lo que votarán se conocerá hoy, todo hace suponer que los senadores no verán modificados sus recibos de sueldo por los próximos cuatro meses.
En el temario de este jueves, está incluido el tratamiento de un proyecto de ley de José Mayans, presidente del interbloque de Unión por la Patria, que no solo busca establecer un modelo para las dietas de los legisladores, sino también topes para los salarios de los tres poderes del Estado.
La propuesta es que el límite sea para los salarios del presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema de Justicia, senadores, diputados, procurador general, defensor general, consejeros de la Magistratura, auditores generales y personal del Servicio Exterior. Ninguno de estos cargos podrá superar los 20 salarios mínimos, vitales y móviles.
