El Gobierno apelará la suspensión de la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad ante la Justicia. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín -a cargo de la jueza Martina Forns- dictó una medida cautelar que pone en pausa por seis meses el decreto que impulsó la reestructuración de áreas de la secretaría de Transporte.
El Ejecutivo sostiene que aplicará la misma estrategia que en todos los procesos judiciales e intentará lograr la habilitación de la medida con una presentación ante la Cámara del fuero. “Acá todo se apela. Vamos a ir hasta el final”
La Casa Rosada asegura que la mesa técnica ya tiene en la mira la documentación para impulsar la apelación, pero reconoce que -por los plazos- lo hará luego de la feria judicial. En los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal, el receso tendrá lugar desde el 21 de julio y hasta el 1 de agosto.
La demanda fue presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argumentó que las facultades delegadas del oficialismo no incluían la atribuciones para eliminar el organismo. El decreto también oficializó la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
La jueza le ordenó Ejecutivo que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que valide el decreto 461/2025, como reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad.
El documento judicial sostiene que Vialidad “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958″. Además, hace foco en que la relación laboral del personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo.
La Procuración del Tesoro de la Nación, que preside Santiago Castro Videla, es el organismo a cargo de encabezar las defensas y demandas judiciales de Estado. El titular tiene contacto regular con los equipos técnicos y judiciales del oficialismo, que dirige la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, e integra también el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
El plan del Gobierno para Vialidad incluye dejar sin funciones a más de 5100 empleados públicos y que pasen a disponibilidad, de forma que cuenten con un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que podrán ser capacitados para otras tareas, además de realizar servicios tercerizados del Estado. Los que no sean relocalizados contarán con una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses.
