Por ahora se trata solo de anuncios rimbombantes, pero el Gobierno está decidido a avanzar a fondo en el proceso privatizador de las empresas públicas en simultáneo a la determinación de la Casa Rosada de deshacerse de Aerolíneas Argentinas, la línea área estatal que arrastra desde hace semanas una seguidilla de medidas de fuerza por parte de los gremios, impopulares para un sector de la sociedad, que le dieron a Javier Milei un argumento sólido para su principal objetivo en el rubro: que el Estado venda o se desprenda de absolutamente todas las sociedades con participación del Estado.
“El estado no tiene que seguir siendo empresario. Vamos a tratar de hacer todo rápido. La idea es vender todo”, ratificó ante este medio un alto funcionario que monitorea el proceso, a cargo, en el trazo grueso, de Diego Chaher, flamante titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, una unidad ejecutora con dos años de vida útil creada en julio a través del Boletín Oficial.
Mendocino, Chaher responde políticamente a Santiago Caputo, el asesor estrella del gobierno, técnicamente a Luis Caputo, el ministro de Economía, trabaja en coordinación con Federico Sturzenegger y es su primera incursión en la función pública. Estuvo al frente del cierre de la agencia Télam, un rol del que se jacta.
El funcionario supervisa la situación de las 59 empresas -en total son unas 40 más 19 subsidiarias- estatales o con participación mixta sobre las que Milei ordenó desprenderse. Están bajo la órbita de Transporte -Intercargo, EANA, AGP, SOFSE y Playas Ferroviarias, entre otras-, de Industria y Comercio -Polo Tecnológico Constituyentes-, de Innovación -ARSAT, CORASA, VENG-, de Energía -ENARSA, NASA, YCRT-, de Planeamiento y Desarrollo Productivo -IMPSA e INTeA-, de Hacienda -Casa de la Moneda, Banco Nación, Bice y Banco Hipotecario, entre otras-, de Defensa -entre ellas, Fabricaciones Militares, Tandanor, FAdeA y LADE-, de Obras Públicas -AYSA y Corporación Antiguo Puerto Madero-, de Comunicación -Contenidos Públicos y RTA, entre otras-, de Educación -Educ.AR- y de Minería -YMAD-.
“El Estado no sabe manejar empresas”, repiten fuentes oficiales. Es el paradigma que sobrevuela, como un mantra, a la nueva gestión, con independencia de que, en algunos casos, se trata de compañías estratégicas o que, en otros casos, registraron en estos meses superávit en sus balances: existe, en buena medida, un alto componente ideológico.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo trabaja en diversas opciones de privatización o venta. A través de una oferta pública bajo el régimen de la Comisión Nacional de Valores, mediante una concesión o con el llamado a concurso público, nacional o internacional. Es, por ejemplo, el caso de IMPSA, la empresa con sede en Mendoza que fabrica componentes para proyectos hidroeléctricos o eólicos, y para centrales de generación nuclear que podría tener novedades en estas semanas. Primero debe tener el visto bueno de la Legislatura provincial, un paso que estaba previsto próximamente.
Lo cierto es que, en general, se trata de procesos largos y engorrosos, más allá de la voluntad política. En el caso de la salida a la Bolsa, el plan de la agencia es avanzar con un grupo de empresas, y no con un caso aislado. “Esa es la movida más fuerte que queremos encarar”, explicaron fuentes de esa oficina.
¿En qué consistiría esa “movida”? Empezar, según abundaron, con aquellas compañías que tienen el carácter de sociedades anónimas. Para eso es necesario tener la documentación que exige la CNV, para recién poder cotizar en Bolsa con un porcentaje mínimo para conocer el valor de la empresa en cuestión, y en todo caso, ampliar luego el porcentaje o llamar a licitación.
“Los plazos dependen del estado de cada empresa”, resaltaron, sin mayores detalles.
“Es todo muy confuso, quieren licitar las acciones y que quede una mayoría para el Estado, con participación de los trabajadores”, opinó el jefe de un sindicato con fuerte presencia en una compañía estatal que sigue de cerca el trabajo de Chaher.
El gobierno está abocado, por ahora, en un trabajo de reducción del déficit de cada una de las compañías. También, en pasar las empresas de sociedades del Estado a sociedades anónimas, un proceso que, en el mediano plazo, tiene por delante un listado de unas diez firmas. Pero para eso hace falta que se aprueben los balances adeudados, y hay un número importante de sociedades que deben unos cuantos de años atrás. Un caso es Casa de la Moneda, que estuvo atravesada durante años por la investigación judicial en torno al caso Ciccone.
En ARSAT, por caso, no se aprueban balances desde el 2019. “Hay un plan de salida a la Bolsa, pero faltan acomodarse muchas cosas, y no se está moviendo mucho”, aseguró una fuente oficial que conoce la situación de esa firma.
Para colmo, las empresas públicas tienen que presentar sus balances en la Auditoría General de la Nación (AGN), que tiene que escribir un informe final para que, con esa auditoría, los directorios de las compañías puedan aprobar esos expedientes. Para avanzar más rápido con el proceso –”Hay un cuello de botella”, aseguró un funcionario-, el gobierno solicitó una dispensa que implicaría la contratación de servicios contables externos para la realización de dichas auditorías, y que sea la AGN la realice el control posterior.
Hay, en tanto, otras empresas que en estos meses tuvieron situaciones particulares. Una de ellas es la Empresa de Navegación Aérea Argentina, que logró ser superavitaria y que se transformó en sociedad anónima bajo la conducción de Agustín Rodríguez, un técnico con probada trayectoria en el mercado que trabajó para Patricia Bullrich en la campaña del año pasado y que desembarcó en EANA convocado por Nicolás Posse, el ex jefe de Gabinete al que, sin embargo, nunca conoció.
Nadie sabe si es por haber sido citado por Posse, pero lo cierto es que Rodríguez dejó la conducción de la compañía la última semana. Asumió este lunes Norma Rotta, una controladora aérea de Comodoro Rivadavia. A instancias de Chaher, Caputo, el asesor estrella de Milei, buscó en estos meses poner en los directorios de las empresas públicas dirigentes o técnicos afines.
Otro ejemplo es el de AYSA, cuya hoja de ruta de desprendimiento por parte del Estado aún no está definida. Se habla de una salida al mercado. Trascendió, como modelo a seguir, el caso Sabesp, la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo que captó más de 2.500 millones de dólares mediante la privatización de parte de su paquete accionario con una oferta pública de acciones que el fondo Equatorial adquirió en un 15%. Es el primer paso del proyecto privatizador que abrió una fuerte polémica en el estado paulista.
Para el gobierno, Aerolíneas Argentinas es un caso testigo que el Ejecutivo tomó en estas semanas como bandera para su discurso privatizador, impulsado por la seguidilla de reclamos sindicales que afectó las operaciones de la compañía y que llevaron a Milei a ordenar que se acelere una serie de reuniones con firmas de la región para explorar alternativas para avanzar en una venta, cesión de rutas o, llegado el caso, la liquidación de la sociedad.
Es uno de los modelos que, según su entorno, propicia Mauricio Macri, que la semana pasada aconsejó diversos escenarios para la aerolínea a través de sus redes.
La Casa Rosada busca acelerar en simultáneo en el Parlamento porque la empresa estatal quedó fuera del listado de empresas pasibles de ser privatizadas en el tratamiento de la ley bases. Ayer, la presidenta de la comisión de Transportes de Diputados pidió empezar a estudiar los proyectos que apuntan a privatizar la compañía, y que este miércoles expongan en dicha comisión Franco Mogetta, secretario de Transporte; Fabián Lombardo, presidente de la aerolínea, y José “Cochi” Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo.
