Pasó un mes desde que Alberto Fernández firmó el decreto que restituía a Ana María Figueroa como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal. Ocurrió luego de que el oficialismo del Senado –por orden de Cristina Kirchner– aprobara su pliego aunque la Corte Suprema ya había resuelto que no era más jueza, ya cumplidos los setenta y cinco años de edad. Pese a todo, durante ese tiempo la magistrada no realizó ningún reclamo ante la Justicia, ni se presentó en Comodoro Py, ni intentó ocupar su despacho.
Recién en las últimas horas, y una elección presidencial de por medio, Figueroa pidió al Consejo de la Magistratura su inmediata reincorporación. Sin embargo, el reclamo, con tintes de manifestación política, difícilmente podría prosperar, advierten en el organismo judicial. Por otra parte, podría hacer ruido en el tramo final de la campaña de Sergio Massa rumbo al balotaje.
La jueza presentó una nota específicamente a la comisión de Selección de la Magistratura: “Se culminó el trámite constitucionalmente previsto y obtuve un nuevo nombramiento para mantenerme en mi función jurisdiccional. Esto ha sido turbado de facto por una simple resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, planteó y además del regreso a su antiguo cargo, reclamó que “se ordene el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales que fueron suspendidos desde el 1 de setiembre de 2023″.
El 9 de agosto pasado, Figueroa cumplió 75 años, tope de edad, según la Constitución, para ejercer como juez a menos que exista un acuerdo previo del Senado para continuar en el cargo. El kirchnerismo logrómayorías para avanzar con su pliego en la Cámara Alta recién a fines de septiembre, cuando la Corte Suprema -con la firma de sus cuatro miembros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- ya había declarado que la jueza ya no podía seguir en funciones.
Antes de que fuera apartada, Casación aún debía resolver si reabría y enviaba a juicio los casos Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán. De hecho, ya si la jueza Figueroa en su puesto, la Sala I de la Cámara ordenó que se haga el juicio oral y público en ambas causas. Poco más tarde, Cristina Kirchner pidió la nulidad argumentando precisamente que la decisión se había tomado sin la participación de magistrada que apartó la Corte, y que ella había tratado de mantener en su cargo con la aprobación de su pliego en el Senado.
Ahora bien, la comisión de la magistratura en la que Figueroa presentó su reclamo tiene mayoría de consejeros alineados con el oficialismo. Algunos de ellos aseguraron a este medio que todavía no se discutió el planteo.
Fuentes judiciales del Consejo y miembros de la oposición en el organismo advierten que tiene muy pocas chances de prosperar. Para empezar, el cuerpo no tendría potestad para hacerlo. Pero, además, el oficialismo no tendría mayoría en un plenario con todos los consejeros para hacerlo prosperar.
“El Consejo no tiene esa competencia y la comisión en la que fue presentada menos. La Corte ya dictó una resolución que dice que esta persona ya no es jueza. En rigor, debería tocarle la puerta a Casación, pero no lo hizo porque sabe que le van a responder que se atenga a lo que resolvió la Corte. Tampoco va al Contencioso para plantear jurídicamente su postura y pedir vía cautelar, porque ese camino también termina en la Corte”
“Lo presentó en la Comisión de Selección, cuyo único rol es llevar adelante los concursos y elevar las propuestas de terna al plenario, donde son votadas. Nunca podría la comisión de selección definir la restitución en el cargo de un juez. Lo hace porque, con el massismo en esa comisión, el oficialismo tiene mayoría para votar y decir que hay que reponerla. Aunque esa decisión no tenga ningún valor legal. Se podría elevar ese dictamen al plenario, donde estamos todos los integrantes, pero allí necesita 12 miembros para el quórum y solo tienen 10. Es una excusa para seguir atacando a Horacio Rosatti y continuar con la teoría del ‘lawfare’ que ya nadie cree. Les sirve para la narrativa, para su relato, pero no tendrá fines prácticos”, agrega.
Por lo pronto, según confirman en el sector alineado con el oficialismo, el tema no empezó a ser discutido. “No tiene efecto inmediato, es simbólico, de mucho tenor político, pero no operativo. Todo este tema es tan extraño que no tiene antecedentes para saber cómo dónde puede terminar. No parece que vaya a prosperar, al menos por el lado de la Magistratura”, concluían fuentes del organismo judicial.
