Los gobernadores del PRO y de la UCR quieren disputar la conducción del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo autárquico con un jugoso presupuesto que nuclea a todas las provincias y que el PJ utilizó en los últimos cuatro años como el ámbito de discusión política frente a la debacle del Frente de Todos. Para eso, jefes provinciales de la ex coalición de Juntos por el Cambio y dirigentes cercanos a algunas de esas provincias ya comenzaron a tejer de manera subterránea con colegas del peronismo, a pesar de que a Ignacio Lamothe, el actual secretario General del consejo, se le vence el mandato recién en octubre.
Lamothe fue elegido para ese sillón el 23 de octubre del 2020, diez días después de la muerte de Juan José Ciacera, un ingeniero que desembarcó en el organismo en 1987 gracias a un acuerdo entre el PJ y la UCR. La carta de constitución del CFI estipula como necesarios el voto de dos tercios de sus miembros -es decir, las provincias- presentes en asamblea para la designación del secretario General. Pero Lamothe fue nombrado en su momento de manera unánime, propuesto por el ex ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que primero habló con Alberto Fernández -en ese entonces, el ex jefe de Estado aún ostentaba una buena cuota de poder interno- y después con los jefes provinciales, que no pusieron objeciones a la postulación.
Oriundo de Mercedes como De Pedro, uno de los máximos referentes de La Cámpora y del kirchnerismo con el que trabó un vínculo fluido -cerca del senador aseguraron que el jefe del CFI tiene autonomía propia-, Lamothe nunca perteneció orgánicamente a esa agrupación, y su relación con ese sector del PJ data de muchos años atrás: egresado de la UBA, se diplomó, en términos políticos, al lado del fallecido Juan Carlos “El Chueco” Mazzón, un histórico operador peronista que prestó servicios para el ex presidente Néstor Kirchner. Después fue secretario de Asuntos Municipales de Cristina Kirchner, bajo el paraguas de Florencio Randazzo, y volvió a la actividad pública con la propuesta de De Pedro.
Según el artículo 15 de la carta constitutiva del CFI, el presupuesto del organismo se compone de una proporción del reparto de la coparticipación federal, “similar al coeficiente de distribución” entre las provincias. “El importe que resulte a cargo de cada miembro será retenido mensualmente por el organismo respectivo del gobierno nacional y depositado, de inmediato, a la orden del Consejo, en el Banco de la Nación Argentina”, detalla el texto.
En el ejercicio 2024, le corresponde un monto cercano a los $90.000 millones. Destinados, por ejemplo, a programas de financiamiento productivo, a la realización de estudios y consultorías de proyectos de obra y a la “asistencia técnica y financiera para el desarrollo de las economías regionales”, con menos escollos que las burocracias provinciales. También hay partidas para urgencias y para la promoción de festivales o actividades, y hasta subsidios para pasajes y viajes. Es común, en ese sentido, que los gobernadores viajen al exterior financiados por el CFI. Se permiten, por caso, algunas discrecionalidades, habilitadas por la autarquía del consejo.
Cada vez que los gobernadores se reúnen en Buenos Aires, lo hacen en su sede, en San Martín al 800, en Retiro, a escasos minutos de la Casa Rosada. Este viernes, por ejemplo, varios de los jefes provinciales del peronismo prevén reunirse en ese edificio de vidrios espejados, en la esquina del pasaje Tres Sargentos, antes de reunirse con Guillermo Francos en Balcarce 50, en lo que será el primer acercamiento colectivo entre las provincias y el gobierno tras el fracaso de la ley de bases y la invitación de Javier Milei al Pacto del 25 de Mayo, en Córdoba.
El ministro del Interior ya había visitado a los gobernadores de la UCR y el PRO, al cordobés Martín Llaryora, a representantes de Catamarca y Tucumán y a legisladores dialoguistas como Miguel Ángel Pichetto en esas oficinas en pleno debate por la Ley Ómnibus, para negociar la coparticipación del Impuesto PAIS en medio de la discusión en torno a ese fallido proyecto de ley que ahora la Casa Rosada busca resucitar. Después de esa cumbre en la que Francos se comprometió a estudiar el tema, Milei ordenó retirar el capítulo fiscal del texto.
Lo cierto es que, en los últimos años, la sede del CFI fue un ámbito de discusión casi exclusivamente vinculado al peronismo y aliados. En la campaña electoral, por ejemplo, Sergio Massa y Agustín Rossi fueron recibidos por todos los gobernadores del PJ. Es lo que, en despachos provinciales de la UCR y del PRO, quieren tratar de discutir: la posibilidad de conducir el organismo en un acuerdo con el peronismo “blando” no kirchnerista.
“El CFI sirve sólo si los gobernadores tienen poder”, “Funciona a reacción, a demanda de las provincias. Es cierto que se profesionalizó mucho en los últimos años”, resaltó, por su parte, un senador peronista que conoce muy bien la gestión de Lamothe.
El funcionario tiene diálogo con todas las provincias, incluidas algunas que, según confiaron, manifestaron puertas adentro serias intenciones de pujar por ese lugar. “La verdad es que trabajamos bien con él”, dijeron en una de ellas. Lamothe, resaltaron, tuvo la habilidad de trabajar especialmente con aquellos jefes provinciales que asumieron por primera vez en diciembre pasado.
Según pudo reconstruir este medio, hay, de todos modos, un grupo de gobernadores colaboracionistas con la Casa Rosada que no quieren esperar a octubre. Hay diálogos subterráneos. Incluso circulan nombres de dirigentes con ganas de reemplazar al actual secretario General del organismo. Hay, al menos, uno del PRO, y circula el nombre de otro de la UCR. Ambos, de muy fluidas conversaciones con las provincias, en momentos de incesantes comunicaciones en el interior del país por la complejísima toma de decisiones por parte de Milei, que mantiene desorientados a los jefes provinciales en vísperas de la reunión de este viernes.
En ese contexto, la discusión política en torno al CFI toma cierta relevancia. En momentos, además, de retaceo de fondos a las provincias, y de un complejo panorama en el mapa del poder que obliga al sistema político tradicional a tratar de ocupar la mayor cantidad de lugares posibles.
