El pedido de elevación a juicio contra Eduardo Belliboni y otros dirigentes sociales por extorsión incluye pruebas que exponen las maniobras de los líderes piqueteros para obligar a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a participar de movilizaciones bajo la amenaza de perder el acceso a los planes.
En el requerimiento que formuló el fiscal Gerardo Pollicita quedan expuestas nuevas pruebas como los documentos secuestrados en los comedores vinculados al Partido Obrero, en los que se observa la recaudación en concepto de “cápitas” en todo el país. Allí se distingue cada zona y el rendimiento de cada una, mes a mes.
Todos estos papeles y registros, que incluyen listados de asistencia, cuadernos de movilización y anotaciones con sanciones, fueron claves para que el fiscal pidiera la elevación a juicio oral del caso.
Según la acusación del fiscal Pollicita, la recaudación nacional centralizada que correspondía a todo el período que abarca el cuadro (agosto de 2023 a febrero de 2024) alcanza la suma nominal de $313.028.780 la que equivale a más de 600 mil dólares (US$ 637.857,02), según la cotización oficial del día 31 de cada mes, y esto es únicamente el 50% de lo recaudado, puesto que la otra parte se repartía entre la regional y la asamblea.
Uno de los elementos más contundentes incorporados al expediente es un cuaderno titulado “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1″, donde se anotaban las asistencias de los beneficiarios en distintas marchas organizadas por el Polo Obrero. Entre los registros figura la movilización del 1 de mayo de 2023, en la que cada participante fue marcado con un sistema de control que permitía identificar quiénes asistieron y quiénes faltaron.
Otro de los documentos clave es una lista de asistencia a la marcha del 20 de diciembre de 2023. En ese registro se puede observar que uno de los asistentes llegó tarde y se le contabilizó como “media marcha”, un indicio de que no solo se exigía presencia, sino también puntualidad para evitar sanciones internas dentro de la organización.
Junto con los listados de asistencia, en distintos domicilios allanados, la Justicia encontró documentos que detallaban sanciones aplicadas a quienes no participaban de las marchas. Entre las penalidades registradas, se mencionan descuentos en el dinero recibido por los beneficiarios del Potenciar Trabajo, lo que refuerza la hipótesis de que existía un mecanismo de coacción para garantizar la presencia en las movilizaciones.
Uno de los papeles encontrados menciona que aquellos que acumulaban reiteradas inasistencias podían ser desplazados de la organización o ver reducida la ayuda económica que recibían a través del Polo Obrero. Estas pruebas permiten sostener que el sistema de extorsión no solo era efectivo, sino que estaba institucionalizado dentro de la estructura del movimiento.
Los fiscales también incorporaron como prueba correos electrónicos y mensajes de WhatsApp donde referentes del Polo Obrero daban instrucciones sobre la participación en las movilizaciones. En estos intercambios se dejaba claro que la asistencia no era opcional y que el incumplimiento traía aparejadas consecuencias.
Además, los allanamientos en distintos locales de la organización social permitieron encontrar hojas de cálculo con nombres, fechas y observaciones sobre cada persona. Estos documentos también incluían anotaciones sobre qué personas eran “poco comprometidas” con las actividades y cuáles debían ser “convencidas” para participar con mayor frecuencia.
En el caso, que está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, la acusación contra Belliboni es por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Para el fiscal, los 17 imputados, entre los que hay dos integrantes de la organización Barrios de Pie, instauraron entre junio de 2020 y marzo de 2024 “una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica”.
El pedido de elevación a juicio se apoya en el hecho de que estos registros no solo confirman la metodología de control, sino que también demuestran que existía un sistema de sanciones que vinculaba directamente la participación en marchas con el acceso a los fondos del Potenciar Trabajo.
Además de Belliboni, considerado el organizador de la estructura delictiva, también fueron acusados los referentes nacionales como Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. En esa lista también están, entre otros, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.
Frente a estas evidencias, la defensa de Belliboni y los demás imputados intentó deslegitimar la investigación, argumentando que los registros son documentos internos sin valor probatorio y que no demuestran la existencia de una coacción directa. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la acumulación de estos documentos, junto con testimonios de beneficiarios que declararon haber sido presionados, configuran un cuadro de prueba sólido.
