La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y decidió que no remitirá sus causas al Superior Tribunal de Justicia porteño.
A lo largo de 57 páginas, los camaristas rechazaron la decisión de la Corte en el fallo “Levinas” que le da más poder a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires para revisar las decisiones de las causas civiles, comerciales, laborales y penales. La sentencia contempla que después de la intervención en una causa por parte de una Cámara Nacional, se puede apelar a la justicia porteña antes de la Corte nacional.
Para los vocales, la Corte “decidió dictar una decisión que trastoca por completo el sistema constitucional argentino -al habilitar a un tribunal local para revisar decisiones de los jueces nacionales”. En ese sentido, los jueces entendieron que el Máximo Tribunal fue más allá de sus atribuciones y avanzó en contra de la Constitución Nacional.
“Al no haber fundado su decisión en una ley constitucionalmente válida que estableciera la competencia del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para constituirse en la alzada de las cámaras nacionales de apelación, la Corte Suprema exorbitó el procedimiento previsto por el art. 24 inc. 7 del decreto-ley 1285/58″, destacaron al respecto.
Para los firmantes, se trata de un recurso “no previsto por el Congreso Nacional” y la Corte “no tiene facultades constitucionales para crear vías recursivas, ni para entremezclar un orden de competencias local con otro nacional”.
El conflicto de fondo es acerca de si los jueces nacionales pasarán sus causas a la justicia porteña, lo que implicaría un traspaso de sus funciones. La problemática se reavivó el 27 de diciembre de 2024, cuando la Corte habilitó al Tribunal Superior porteño como órgano encargado de conocer en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional. Desde entonces, los jueces resisten la medida y se organizan contra la decisión.
La Cámara Comercial convocó a un plenario para la próxima semana y se espera que emita una decisión similar a la Civil. El fuero Laboral y el Penal define también que postura tomará.
En la misma línea, el funcionario porteño aclaró: “¿Por qué insistimos tanto con que se terminen de transferir aquellas competencias que permanecen pendientes? Yo creo que son tres los puntos centrales: para cumplir con la Constitución, con la gente y con nuestros ideales”.
Desde el Ejecutivo que comanda Jorge Macri señalaron que el objetivo es lograr cada vez más traspasos de la órbita nacional a la porteña. “En lo que va de nuestra gestión ya logramos varios acuerdos: el del pago de la coparticipación, el traspaso de las 31 líneas de colectivo y de una parte del Sistema Penitenciario”, sostuvieron.
Asimismo, señalaron: “Queremos que se traspase la totalidad de los delitos no federales que se cometan en el territorio de la Ciudad, como así también la totalidad de la Justicia nacional penal ordinaria, en forma progresiva y ordenada, para que podamos mejorar nuestra política de seguridad y aplicar la Ley de Reiterancia; queremos contar con un Sistema de Justicia plenamente autónomo, eficiente y eficaz”.
El jefe de los fiscales también resiste y planteó que el fallo Levinas “dejará a este Ministerio Público Fiscal en una situación en la que se podrá ver impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con menoscabo para los intereses por los que debe velar”.
Casal le explicó a Rosatti que la Procuración General de la Nación tiene competencia para intervenir solo ante tribunales nacionales, por lo que no puede presentar apelaciones en el Tribunal de Justicia de la Ciudad.
