María Servini, jueza federal, fue sorteada para encargarse de las acusaciones que recibió Javier Mileipor la criptomoneda Libra. Es por eso que esta semana comenzó a solicitarles a los denunciantes que ratifiquen las denuncias contra el mandatario.
el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 ya comenzó a tomar declaraciones.
Cuando finalice este proceso, el fiscal federal Eduardo Taiano será el encargado de determinar si en las denuncias hay elementos suficientes para iniciar una investigación. Si existe un grado de sospecha, se avanzará con la causa penal, de acuerdo a lo que establece el artículo 180 del Código Procesal Penal
En Comodoro Py indican que es poco probable que Taiano desestime la causa, en medio de la polémica que se generó tras la decisión del Presidente de promocionar en sus redes sociales el token Libra. El viernes pasado, la moneda tenía un valor mínimo, y llegó a valer US$5,20 tras la publicación del libertario.
Horas más tarde, el conflicto escaló porque la criptomoneda se desplomó tras la salida de sus principales jugadores, mientras que otros inversores denunciaron haber sido damnificados.
Hasta ahora, hay 112 denuncias contra Javier Milei, y todas recayeron en el juzgado que lidera Servini. La primera acusación la realizó el Observatorio del Derecho de la Ciudad, lo que abrió una vía para que las demás denuncias también ingresen al Tribunal ubicado en Retiro. “Están todas unidas en una sola”, explicaron fuentes judiciales.
La demanda del Observatorio señaló que Milei “formó parte de una asociación ilícita que organizó una estafa con la criptomoneda Libra que afectó en simultáneo a más de 40.000 personas con pérdida de más de cuatro millones de dólares″.
Si el fiscal Taiano avanza con la investigación penal, sería el responsable de analizar las acusaciones que existen en las denuncias y, a partir de ello, calificar los delitos. En ese contexto, las demandas existentes buscan responsabilizar al mandatario argentino por estafa, por negociaciones incompatibles con la función pública y por asociación ilícita.
en caso de que el proceso avance y se definan los delitos, algunas de las medidas que la Justicia evaluaría son: peritajes de los teléfonos y las computadoras de las personas involucradas y el exhorto internacional. Este último punto es un procedimiento legal en el ámbito internacional, que permite la cooperación entre jurisdicciones para impulsar diligencias en un lugar donde el juez a cargo no tiene competencia.
