Este lunes, a partir de las 10:00, los diputados que están tratando en comisión la Ley Ómnibus del Gobierno recibirán a miembros de la sociedad civil y organizaciones que expondrán para continuar con el tratamiento de la normativa.
La lista de expositores incluye a más de 60 personas de distintos ámbitos: representantes de pymes y empresas, científicos, médicos, sindicalistas, miembros de cámaras pesqueras, entre otros. Según está pautado, deberán exponer por 5 minutos, algunos de forma presencial y otros vía virtual.
Fue Unión por la Patria -que a menos que sufra una fractura está determinado a rechazar de plano el megaproyecto-, el primero que propuso que fueran convocados los sectores afectados por la norma. Pero era compartido también por bancadas como la UCR, la Coalición Cívica e incluso parte del PRO, que reciben diariamente pedidos de reunión de organizaciones civiles, sindicales y representantes de distintos colectivos.
Este tipo de exposiciones podrían continuar el martes, pero el Gobierno busca acelerar el proceso y se esperanza con tener dictamen esta semana y poder sesionar la siguiente. Algo que, advierten en la oposición, parece demasiado optimista.
Si bien el Gobierno cedió en ciertos aspectos en pos de negociar, aún hay dudas entre los diputados sobre la profundidad de estas concesiones. ¿Por qué? Porque no hay un interlocutor válido, alguien que vaya haciendo las modificaciones a la ley que se van acordando prácticamente de palabra. Por caso, la semana pasada, la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, aseguró que se dará marcha atrás con la posibilidad de desmontar bosque nativo en áreas protegidas. Sin embargo, no hubo un cambio oficial en la ley.
El oficialismo sabe que tiene que negociar para sumar voluntades si quiere reunir los 129 diputados que le permitan alcanzar el quórum. Solo tiene 38 legisladores propios sobre un total de 257.
En ese marco,Martín Menem busca acuerdos y recibe pedidos de modificaciones, pero aún falta la oficialización.
Además, hay puntos sensibles que preocupan a la oposición, incluso a los más dialoguitas como JxC. En líneas generales, son:
- La emergencia pública y la amplia delegación de facultades legislativas en el Presidente por cuatro años. Solo aceptará la emergencia por 1 año prorrogable por otro año, pero por decisión del Congreso, no del Ejecutivo, y con limitación en el alcance de las delegaciones.
- La mayor parte de la reforma electoral, que el Gobierno ya dio señales de descartar.
- La suba de retenciones. El rechazo de base es general, pero hay diferencias entre los bloques dialoguistas entre sí y dentro de los mismos bloques respecto a qué se podría aceptar y qué no en este punto.
- La suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y los aumentos por decreto. Proponen, en general, que al menos se establezca que de mínima los aumentos sean por inflación.
- La privatización generalizada de empresas por sola decisión del Ejecutivo.
- La habilitación de endeudamiento en dólares sin límites ni control parlamentario.
