Lo dijo el presidente Javier Milei el mismo día de su asunción. Lo dijeron los ministros y se convirtió en marca registrada. Pero en el gobierno que empezó el 10 de diciembre el “no hay plata” parece que tiene, según el área, distintas velocidades. Es que a dos meses de conocida una investigación judicial que determinó que más de 160 mil planes sociales fueron asignados a personas que viajaron al exterior, incluso en aviones y yates, esos beneficios todavía no fueron dados de baja. Pese a las promesas de la ex ministra Victoria Tolosa Paz y la actual Sandra Pettovello, de frenarlos, ese inmenso gasto se seguirá haciendo si no se toma una decisión rápida. Las estimaciones hablan de 12 mil millones de pesos mensuales, un dineral.
confirmó que el gobierno nacional había tomado la decisión de anular esos beneficios, pero hasta ahora lo único que hubo fue una comunicación oficial del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Pettovello, que resolvió anular sólo 4.588 planes que eran cobrados por empleados públicos. Del resto, por ahora, no hay decisión a la vista.
Para entender la noticia hay que remontarse a fines de octubre, cuando el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, a través de una investigación preliminar determinó que desde 2020, en el inicio del programa -el más grande en términos de dinero y de personas alcanzadas- 159.919 beneficiarios viajaron al exterior, algunos incluso en avión y yates. “Esta circunstancia es palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”, advirtió esa investigación, con estricto sentido común.
“La falta de control de las personas que ingresan a este Programa como asimismo la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas, demuestra una desprecio absoluto por parte de los funcionarios públicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional. Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”, sostuvo el fiscal en la denuncia que presentó a fines de octubre pasado ante la jueza federal María Servini.
¿Qué descubrió la investigación de la unidad fiscal de Marijuan? Haciendo entrecruzamientos entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que viajaron al exterior 817 personas en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificó. De los movimientos en avión, 20.832 fueron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.
Esta escandalosa incompatibilidad motivó que la entonces ministra Tolosa Paz tomara contacto con la unidad fiscal y se comprometiera a tomar cartas en el asunto de manera inmediata para subsanar un error a todas vista evidente. Pasó todo noviembre, la derrota de Unión por la Patria, y los primeros diez días de diciembre y no se avanzó. Los beneficiarios siguieron cobrando y Tolosa Paz asumió una banca en la Cámara de Diputados.
Asumida Sandra Pettovello y el secretario de Desarrollo Social, Pablo De la Torre -experto en la materia y de rodaje probado en políticas de contención a los más necesitados y con conocimiento de la realidad del Conurbano- se retomó el mismo compromiso de que se dejaría de manera inmediata sin efecto esos beneficios. A poco de cumplirse un mes y cuando se acerca el plazo de liquidación de esos beneficios, hasta este viernes no hubo una definición oficial sobre qué pasará con esos 160 mil beneficios otorgados a personas que los necesitan.
Es importante, habida cuenta de la gestión de dos ministras, recordar uno de los pasajes de la denuncia que hizo Marijuan a fines de octubre pasado: “Es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”. Habida cuenta de la demora en tomar una decisión, parecería que esa alerta no fue tomada en cuenta con la urgencia pertinente.
Y más todavía es relevante la advertencia que hizo la Fiscalía sobre el impacto en términos presupuestarios de esta demora. Por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. “Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, se indicó.
El plan Potenciar Trabajo es el más numeroso que aplica el gobierno nacional para atender la crisis de falta de empleo, combinado con pobreza, falta de capacitación y retraso social permanente. Fue ideado por el gobierno de Mauricio Macri y, llegados Alberto Fernández y Cristina Kirchner al gobierno, se convirtió en la “nave insignia” de la política de asistencia del cuarto gobierno kirchnerista.
Tanto que pusieron a administrar esa enorme cantera de recursos a Emilio Pérsico, que como secretario de Economía Social y, a la vez jefe indiscutido del Movimiento Evita estuvo durante cuatro años de los dos lados del mostrador. Concedía los planes y mandaba a cortar calles y a protestar para pedir más planes, que volvía a concederlos y volvía a cortar, en un circuito interminable. “Si Evita viviera…”, dijo alguna Cristina Kirchner, cuando todavía le escandalizaban los desmanejos que se daban en su gobierno.
Lo cierto es que, culminada las dos experiencias, las del gobierno de Mauricio Macri y del dúo Fernández-Kirchner, los Potenciar Trabajar alcanzaron más de 1.500.000 beneficiarios. En ese océano inmenso de necesitados y familias carecientes la unidad fiscal de Marijuan detectó los 160 mil “planeros” en condiciones de viajar en auto, en micros y hasta en avión y cruceros. Es una proporción del orden de 1 a 10, que todavía no se tomó medida alguna, al menos hasta este viernes.
Una de las alternativas que de hecho se manejó fue la de dar de baja de oficio a esos potenciales infractores y ofrecer la posibilidad de volver a ser empadronados, pero demostrando una condición de “vulnerabilidad social” que, en principio, costará de argumentar si viajaron -como se pudo comprobar- a Qatar a gritar los goles del capitán Lionel Messi en el último Mundial. ¿Con toda esta información, definirá la ministra Pettovello o el propio Milei?
