La reciente incorporación de la Argentina al tratado “Pax Silica”, una iniciativa de seguridad tecnológica y recursos estratégicos impulsada por Estados Unidos, derivó en un conflicto institucional dentro del Poder Legislativo. El bloque de la Coalición Cívica exigió explicaciones inmediatas al Poder Ejecutivo, denunciando que el procedimiento de ratificación, concretado por el embajador Alec Oxenford el pasado 27 de junio, eludió el debate parlamentario y podría vulnerar facultades constitucionales sobre los recursos naturales provinciales.
El tratado internacional “Pax Silica”, diseñado bajo la administración de Donald Trump para blindar las cadenas de suministro de insumos clave —como los semiconductores, el litio y el desarrollo de inteligencia artificial—, se convirtió en el epicentro de una nueva disputa jurídica en el Congreso. Maximiliano Ferraro, legislador de la Coalición Cívica, formalizó un pedido de informes de carácter urgente al Gobierno nacional para que brinde detalles sobre los términos del convenio y, fundamentalmente, sobre la legitimidad de su adopción.
La controversia se asienta en dos ejes principales que, según la oposición, comprometen la institucionalidad del país. Por un lado, la omisión del Congreso como ente supervisor y ratificador de tratados internacionales, una atribución que la Constitución Nacional reserva expresamente para el Poder Legislativo. Por otro lado, la preocupación latente sobre la injerencia federal en el manejo de los recursos naturales, los cuales, por mandato constitucional, pertenecen a las jurisdicciones provinciales.
Para los denunciantes, la firma del embajador Oxenford en Washington representa un avance inconstitucional sobre las competencias soberanas. Mientras la administración nacional busca alinearse a las cadenas de valor globales impulsadas por la potencia norteamericana, este “pacto de silicio” enfrenta ahora un bloqueo en Diputados que promete escalar en las próximas sesiones si no se presentan las justificaciones legales pertinentes sobre la discrecionalidad del Ejecutivo en la firma de este compromiso estratégico.
