Durante la celebración del día del patrono del pan y del trabajo, Jorge Ignacio García Cuerva expresó: “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”. El arzobispo de Buenos Aires describió uno de los dramas que viven hoy millones de hogares argentinos: el endeudamiento estructural, generado por la desregulación de las tasas de interés, la disminución de los ingresos y el aumento desmedido de los gastos fijos. Según datos del Banco Central, la morosidad familiar se elevó al 12,8 por ciento, el nivel más alto en las últimas dos décadas. Asimismo, un informe de una consultora señala que hay 19,8 millones de personas con al menos una deuda en mora, lo que incluye tarjetas, billeteras virtuales, fintech y mutuales.
En el Congreso, se han presentado más de 25 proyectos entre ambas cámaras. La coalición opositora busca impulsar esta agenda desde enero, aunque reconocen que hasta el momento no han recibido respaldo. Aunque el tema se trató en dos sesiones de la Cámara Baja, las iniciativas no lograron avanzar en las comisiones pertinentes debido a la falta de quórum y la discusión solo se llevó a cabo en la Comisión de Defensa del Consumidor, Usuario y Competencia, presidida por el diputado Hugo Yasky. “El tema quedó en un limbo por Adorni y el Mundial”, comentó una fuente parlamentaria.
Desde Provincias Unidas, Pablo Juliano y Mariela Coletta están dispuestos a revivir esta agenda, que abarca “el mismo universo de personas que los desalojos”. Consideran que el Gobierno no impulsará la propuesta que tiene media sanción y que, en cambio, intentará ocultarla. Tras las recientes derrotas, se anticipa que el oficialismo se alejará temporalmente de las ideas desreguladoras impulsadas por “El coloso” Federico Sturzenegger.
Juliano planea presentar un proyecto que limite el acceso a créditos de las billeteras virtuales a tasas razonables.
Fortalecidos tras lograr que se eliminaran del proyecto los capítulos de extranjerización de la tierra y que derogaban disposiciones clave de la Ley de Manejo del Fuego, los peronistas consideran que es el momento adecuado para abordar lo que persiste del proyecto con “actores que le puedan aportar humanidad a la discusión”. Reconocen: “Ningún tema tiene el impacto de la tierra o el fuego”.
La estrategia será contrastar la agenda del Gobierno, que prioriza reformas como la de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, la ley de patentes de medicamentos y la reforma electoral, con un plan de trabajo más cercano a las necesidades de la población. Además del enfoque en el endeudamiento, se contempla la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, que actualmente no está siendo cumplida y está próxima a vencer, así como retomar la discusión sobre financiamiento universitario y enfrentar la crítica situación del PAMI.
La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada facilita la aceleración de los desalojos. En esencia, representa un desenlace dentro de un proceso de despojo que comenzó con la derogación de la Ley de Alquileres, se agravó con el endeudamiento de los sectores medios y populares, y culmina en los desalojos exprés. Aunque el senador libertario Agustín Coto, vocal del proyecto, manifestó que se trataría de una herramienta para recuperar “propiedades usurpadas”, diputados y organizaciones de la sociedad civil advierten que sus repercusiones recaerán sobre millones de familias inquilinas y endeudadas.
La socióloga e investigadora Luci Cavallero, activista de Movida Ciudad, sostiene que “el sector más afectado entre los argentinos endeudados es el de los hogares inquilinos”. Muchas familias ya se encuentran en mora con el pago del alquiler o, de manera preocupante, han evitado esta situación a través de endeudamientos para subsistir. En este contexto, Cavallero subraya que una normativa de desalojos exprés las hace especialmente vulnerables. “La norma ni siquiera requiere que el propietario acredite la existencia de la deuda. Con invocarla ante la Justicia es suficiente para acelerar el procedimiento de desalojo”, aclara. Así, enfatiza que el debate sobre el endeudamiento debe estar vinculado a la cuestión de los desalojos, ya que “los hogares inquilinos son una de las poblaciones más sobreendeudadas”.
Según Cavallero, “es imperativo contar con una ley de emergencia crediticia que establezca un marco regulatorio para el desendeudamiento de los hogares, regule las acciones del sistema financiero y de los proveedores de crédito e incorpore mecanismos de transparencia y control frente a prácticas abusivas”. Entre las medidas que propone, sugiere la inclusión de “un plan que contemple quitas y condonaciones agresivas. Hablamos de familias que se han endeudado para acceder a bienes y servicios básicos, un endeudamiento esencial para vivir. Rescatarlas sería un acto de justicia económica, no un regalo ni un privilegio”. A pesar de la postura del actual Gobierno, concluye que “el Estado debe recuperar su intervención en la regulación de las tasas de interés”.
