La intención del Gobierno de Javier Milei de avanzar con cambios en las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros generó una nueva respuesta de la oposición en el Congreso. Desde Unión por la Patria presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 26.737 y el Decreto-Ley 15.385/44 y establecer mayores límites para la adquisición de tierras rurales ubicadas en zonas de seguridad de frontera y en las inmediaciones de infraestructura considerada estratégica.
La iniciativa fue presentada por la diputada Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, y plantea un régimen de protección para terrenos vinculados con recursos e instalaciones estratégicas. El proyecto cuestiona tanto el DNU 70/2023 como la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad impulsada por el Gobierno, cuyo tratamiento está previsto para el 6 de agosto en el Senado.
Según los fundamentos de la propuesta, los cambios impulsados por el oficialismo podrían dejar al país expuesto y generar riesgos para la soberanía nacional, mientras otros Estados mantienen o profundizan mecanismos para proteger sus territorios y recursos estratégicos.
El proyecto establece que las personas extranjeras no podrán ser titulares ni poseedoras de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes o infraestructura crítica fluvial y marítima. La prohibición también alcanzaría a las tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera, sin excepciones.
Además, la iniciativa propone establecer un área de protección de 30 kilómetros alrededor de determinados espacios estratégicos, con la posibilidad de aplicar un criterio de conveniencia nacional. El objetivo es impedir la compra de tierras rurales por parte de extranjeros en las cercanías de recursos no renovables y activos considerados fundamentales para el país.
Entre los sectores que el proyecto busca proteger se encuentran los puertos, las centrales nucleares, los yacimientos de litio, gas y petróleo y los acuíferos. Propato sostuvo que estos recursos no deberían quedar bajo control extranjero, incluso de manera indirecta.
El texto también mantiene el límite vigente de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo y profundiza las restricciones establecidas por la legislación sancionada en 2011. La propuesta plantea una prohibición absoluta para la adquisición de tierras en zonas de frontera y sectores próximos a infraestructura crítica.
Otro de los cambios previstos consiste en modificar la Ley 26.737 para establecer que la adquisición de tierras rurales no será considerada una inversión, debido a que se trata de un recurso natural no renovable. En los fundamentos se incluyen dentro de los activos estratégicos a los puertos, centrales eléctricas y nucleares, yacimientos mineros, infraestructura petrolera, sistemas de telecomunicaciones y acuíferos.
El proyecto considera que esos recursos forman parte de la estructura estratégica del país y que la protección de las tierras ubicadas en sus alrededores constituye una cuestión vinculada con la seguridad pública y la defensa nacional.
Propato también cuestionó la iniciativa oficial que será debatida en el Senado y sostuvo que las modificaciones propuestas implican una desregulación territorial que podría afectar la soberanía nacional. Además, vinculó la medida con intereses inmobiliarios y reafirmó su posición en defensa del control nacional sobre el territorio.
Otra integrante de Unión por la Patria que expresó su rechazo fue la diputada Lorena Pokoik. La legisladora sostuvo que la tierra forma parte de la soberanía y del patrimonio nacional y advirtió que una mayor extranjerización podría reducir la capacidad del Estado para decidir sobre recursos estratégicos vinculados con el desarrollo del país.
Pokoik también convocó a participar de la movilización prevista frente al Congreso el próximo jueves 6 de agosto, cuando el Senado tiene previsto debatir el proyecto impulsado por el Gobierno.
El rechazo opositor también sumó una posición contraria dentro del Senado. La legisladora cordobesa Alejandra Vigo adelantó que votará en contra de la iniciativa oficial que busca eliminar los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Vigo sostuvo que la protección de los recursos estratégicos constituye una política de Estado y señaló que incluso países con economías abiertas mantienen mecanismos para resguardar sus territorios y bienes naturales.
La senadora también remarcó que el federalismo garantiza la autonomía de las provincias, pero consideró que los recursos naturales tienen carácter estratégico para el conjunto de la Nación. Además, afirmó que mantiene la misma posición que sostuvo anteriormente sobre este tema.
