A través de esta figura legal, el CEAP no pretende tener una intervención solo ceremonial. Su meta es ofrecer una intervención técnica sólida y reforzar así la posición del juez Guilherme Duarte, del Tribunal Penal N° 37 de Río de Janeiro, en la sentencia final del caso, según informaron miembros de la organización.
Agostina Páez, una joven de 29 años, está siendo procesada por injuria racial tras haber sido grabada imitando a un mono frente a empleados de un bar en el barrio de Ipanema el 14 de enero. Actualmente, espera el fallo definitivo en su país natal. Para el CEAP, el hecho de que la letrada santiagueña aguarde el veredicto en su país representa un agravio a la Justicia y envía un mensaje equivocado a la sociedad.
Fundado en 1989, el CEAP cuenta con un largo historial en la defensa de los derechos civiles en Brasil. La organización integra a representantes de la comunidad afrodescendiente y del movimiento de mujeres, dedicándose a la lucha contra la violación de los derechos fundamentales de sectores históricamente marginados. En las últimas décadas, ha logrado posicionarse como una entidad independiente comprometida con la implementación de políticas públicas contra la discriminación racial.
El CEAP ha establecido precedentes importantes al litigar contra grandes empresas tecnológicas como Google y Spotify en casos de intolerancia. En este contexto, la estrategia actual, definida como “litigio estratégico”, busca prevenir que el sistema de justicia trate un acto de odio como si fuera un simple incidente turístico.
Una de las novedades que el CEAP podría introducir ante los tribunales de Río es la consideración sobre la reparación que debería recibir la parte afectada. Hasta ahora, la discusión económica abarca un resarcimiento equivalente a 120 salarios mínimos para las víctimas, aproximadamente US$39.000 al tipo de cambio actual. Sin embargo, la organización se opone de manera categórica a que el caso se cierre con un acuerdo puramente económico, considerándolo insuficiente ante la gravedad de la ofensa.
Si el magistrado acepta al CEAP como parte del expediente, su recomendación será que se imponga una sanción más severa. La organización sugiere exigir que Páez financie proyectos sociales específicos y de alcance internacional que aborden el racismo y la xenofobia, involucrando la participación activa de diversas comunidades.
