La iniciativa fue firmada por las autoridades de la organización, entre ellas Inés Arias, Diego Germán Calvo Suárez, Mercedes Gozaini, María Eugenia Talerico, Raúl Aguirre Saravia y Valeria Biagioni Parrella, y fue presentada al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.
En su escrito, la entidad argumentó que el titular del Juzgado Federal N° 4 incurrió en un ‘grave desvío funcional’ y en violaciones éticas al participar en un viaje al que se alojó en el mismo hotel que el ministro de Justicia y mantuvo reuniones en ese marco, situación que, según los denunciantes, compromete la imagen de imparcialidad e independencia que debe caracterizar a un magistrado.
La denuncia destaca que Lijo justificó su presencia en el viaje alegando que formaba parte de una comitiva institucional destinada a representar al país en reuniones con un organismo internacional. Sin embargo, ‘Será Justicia’ sostuvo que esta explicación no es suficiente para despejar las dudas respecto a la conducta del juez.
Los denunciantes consideran que el episodio es aún más grave dado que Lijo tiene bajo su exclusiva jurisdicción una causa penal de ‘altísima relevancia institucional’ contra el actual jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.
‘Este comportamiento perjudica gravemente los deberes de ética, decoro, imparcialidad objetiva e independencia judicial que son exigibles a todo juez de la República’, resalta el escrito.
La asociación solicita la intervención del Consejo de la Magistratura al interpretar que la conducta denunciada ‘vulnera de manera flagrante las normas básicas de ética aplicables al ejercicio de la judicatura’ y afecta la confianza pública en la justicia.
Además, hizo hincapié en lo que consideran una ‘preocupante promiscuidad de relaciones y cercanía’ entre un juez federal y funcionarios del gobierno nacional, lo cual a su juicio resulta incompatible con el deber de independencia de los magistrados.
En la presentación, ‘Será Justicia’ anticipó su rechazo a cualquier intento de enmarcar el viaje en actividades de representación institucional o relaciones públicas permitidas para un magistrado.
Los denunciantes afirmaron que el Consejo de la Magistratura enfrenta una ‘oportunidad histórica’ para llevar adelante un proceso disciplinario que ayude a fortalecer la transparencia judicial y la confianza de la ciudadanía en los jueces que investigan casos de corrupción pública.
Fundamentaron su denuncia citando los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, el Código Iberoamericano de Ética Judicial y el Código de Ética para los Jueces aprobado por el propio Consejo de la Magistratura.
La denuncia ha sido presentada ante el organismo que se encarga de supervisar la conducta de los magistrados y de impulsar, cuando corresponde, los procedimientos disciplinarios y de remoción establecidos en la Constitución Nacional.
