El incremento del último mes sirve como recordatorio de que en el mercado cambiario, al igual que en el resto de la economía, el pasado tiene un peso significativo. Aunque la demanda por divisas en la población no ha alcanzado los niveles de una crisis cambiaria, en los bancos se reconoce que esta permanece activa. No importa el abanico de opciones de inversión en pesos: el dólar es siempre una opción vigente.
En el sector empresarial con mayor sofisticación financiera, la percepción no es muy distinta. Según indicaron fuentes del Banco Central (BCRA), el asombro durante las últimas semanas derivó del número de empresas que buscaron adquirir divisas para el envío de dividendos a sus casas matrices. El Gobierno habilitó la compra de divisas solo para las ganancias generadas en 2025, lo que provocó que la demanda corporativa creciera de manera notable en el cierre del período. Las estimaciones preliminares del BCRA sugieren que hasta el momento del año se han adquirido divisas por utilidades que equivalen al 90% de lo que se destinó a este fin en todo 2016, cuando se liberalizó el cepo cambiario para las empresas tras varios años de restricciones.
Los datos del BCRA indican que los envíos netos de utilidades y dividendos en aquel año totalizaron US$4296 millones, mientras que las compras proyectadas para 2026 en ese mismo concepto ya superan, hasta junio, los US$3800 millones. “Solo en los últimos dos días se llevaron a cabo operaciones por pagos de dividendos por unos US$150 millones”, admitió un operador de una entidad bancaria de gran tamaño. La historia, una vez más, parece repetirse, y es por ello que el equipo de Luis Caputo ha manifestado que no tiene intención de liberar completamente el cepo antes de las elecciones presidenciales del año próximo. En este contexto, constatar el apego del mercado argentino al dólar no es un hecho menor.
Así, se observa que la combinación de la demanda minorista y corporativa se complementa con la intervención del BCRA, que también está aumentando sus reservas, tanto para cumplir con los compromisos del FMI, como para prepararse para un 2027 que, como todo año electoral, promete ser un desafío. En el sistema financiero creen que existe suficiente oferta para moderar la subida del tipo de cambio en las próximas semanas, aunque este continuará siguiendo el ritmo de la inflación. La gran incógnita en el mercado es hasta qué punto el Gobierno se siente cómodo con este movimiento. El Presidente ha indicado que la respuesta dependerá del impacto en los precios.
Milei ha manifestado públicamente su intención de aplastar la inflación. Esta fue una de sus promesas de campaña y representa el resultado que espera presentar a sus votantes en 2027. A medida que los precios han comenzado a desacelerarse en los últimos meses, el equipo económico cuenta con margen para dejar ascender al dólar y enfocar esfuerzos en otros objetivos, como fortalecer el consumo. En las diálogos con las entidades bancarias, un tema recurrente es cómo lograr la disminución de las tasas de interés de los créditos.
El nivel de morosidad, que sigue siendo elevado, constituye el mayor obstáculo. Este problema se manifiesta más entre los individuos que entre las empresas. “Son millones de casos, la mayoría de montos bajos”, reconocen las entidades. La mayoría de los bancos públicos han lanzado planes de refinanciación. El Banco Nación, por su parte, presentó la semana pasada un programa de hasta diez años de plazo a UVA más un 10%. En la semana actual, esta entidad espera que su directorio apruebe una propuesta más ambiciosa: facilitará a quienes transfieran su cuenta sueldo a la entidad la posibilidad de saldar deudas con otras entidades. Los préstamos ascenderán a un máximo de $100 millones, con cuotas que no podrán sobrepasar el 25% del salario. Una particularidad es que el cliente no será el encargado de gestionar el préstamo para cubrir la deuda, sino que será el BNA el que deposite directamente los fondos en la otra institución. Una vez más, el pragmatismo parece prevalecer sobre la ideología libertaria, y algunos podrían interpretarlo como el Estado interviniendo en apoyo de bancos que no supieron otorgar créditos.
De todos modos, para el BNA, hay un claro beneficio en captar clientes que perciban sus salarios en la entidad, puesto que estos son los que garantizan un flujo mensual de depósitos. Actualmente, se vive una intensa competencia en el sistema financiero por ese activo. Instituciones como Galicia o Macro están ofreciendo bonificaciones de $200.000 o más a quienes integren sus cuentas sueldo. No obstante, este mercado se torna cada vez más reducido, lo que también refleja la situación del empleo registrado: en diciembre de 2024 había 10,5 millones de cuentas sueldo; en marzo de este año, la cifra descendió a 9,9 millones, según el BCRA. Sin embargo, este es uno de los pocos segmentos donde los bancos no compiten con fintechs.
Además, continúan las incertidumbres sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y su potencial para impulsar el crédito hipotecario. Esta semana, el ministro Luis Caputo reiteró ante empresarios de la construcción que se podría avanzar en este sentido, siempre que también los bancos cumplan su parte, financiando parte de las hipotecas mediante nuevas emisiones de deuda en el mercado. Sin embargo, los progresos concretos han sido limitados, a pesar de las numerosas reuniones sostenidas en los últimos meses. Las metas del Ministerio de Economía, que administra el fondo, no siempre están alineadas con las prioridades del Ministerio de Capital Humano, responsable de la Anses, lo que ha llevado a considerar, durante el mandato de Pablo Quirno como secretario de Finanzas, la opción de transferir el FGS al ámbito de Economía. Esta propuesta sigue estando en consideración.
Por otro lado, la recaudación obliga al Gobierno a evitar un enfoque ideológico que retrase las decisiones. Junio concluirá con resultados negativos, tanto en términos primarios como financieros, lo que dificultará el cumplimiento de la meta fiscal semestral acordada con el FMI. Esto se considera una falta menor, considerando que el Gobierno ha superado las expectativas fiscales del organismo en el pasado. Mientras continúa acumulando divisas para sus reservas, aunque a un ritmo más lento, el Ministerio de Economía anticipa la presentación en las próximas semanas de un plan financiero sólido, con fuentes de financiamiento que respaldarán los próximos vencimientos de deuda. Por ahora, son tiempos favorables para el ministro Caputo y su equipo.
Sin embargo, ha trascendido que no hay una urgencia por implementar los cambios en la ley de inocencia fiscal, negociados previamente en respuesta a un clamor de los contadores. Si bien la adhesión por parte del cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha restado atractivo a la propuesta, el costo fiscal de la medida en la actualidad supera la necesidad de inyectar dólares en la economía. La ancla fiscal es, según las propias palabras de Milei, la “piedra angular” del Gobierno y un principio “no negociable”.
En el equipo económico prevalece una visión clara sobre cómo avanzar en el segundo semestre. Los desafíos son conocidos y aunque los recursos son limitados, existen herramientas disponibles. El verdadero desafío radica no en los números, sino en el ámbito político, donde el Gobierno enfrenta tensiones que ninguna tasa de interés ni mecanismo cambiario podrá resolver. Solo el Presidente tiene la clave de la respuesta.
