Durante una entrevista, el dirigente académico enfatizó que la cuestión va más allá del ámbito judicial y recordó que la ley fue sancionada por el Congreso hace más de ocho meses. “Pasaron 247 días de dilaciones al cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, dijo al criticar la táctica del Gobierno de apelar a diversas instancias judiciales para demorar su implementación.
Precisó que la decisión de la Corte sostiene la medida cautelar emitida en primera instancia y obliga al Ejecutivo a acatarla mientras se discute la cuestión de fondo.
En este contexto, afirmó que esta resolución tiene repercusiones significativas en el financiamiento del sistema universitario. “A partir de ahora, el Gobierno tiene que cumplir con la medida cautelar en relación a becas y salarios universitarios”, indicó, añadiendo que el impacto económico de esta decisión supera con creces los aumentos acordados en las últimas paritarias.
No obstante, Yacobitti explicó que el debate central radica en la situación salarial de los docentes. “En estos dos años, el salario docente perdió la mitad de su poder adquisitivo”, subrayó, advirtiendo que esta disminución ya se ha traducido en una migración de profesores hacia el sector privado.
Como ilustración, expuso que un jefe de trabajos prácticos a dedicación exclusiva percibe actualmente alrededor de 400.000 pesos con garantía salarial y mencionó que recientemente algunos docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA recibieron ofertas laborales que cuadruplicaban ese ingreso.
El vicerrector consideró que el fallo judicial proporciona previsibilidad para comenzar a revertir esta situación, aunque insistió en que el objetivo debe ser poner fin a un conflicto que, en su opinión, desvia energías que deberían dirigirse a mejorar el sistema. “No podemos ingresar a este período de cambios globales en medio de una disputa constante por el financiamiento”, afirmó.
Asimismo, relacionó la resolución judicial con el respaldo social que han recibido las universidades públicas en los últimos meses, señalando que la decisión judicial no puede comprenderse aislada de las movilizaciones masivas en defensa del sistema universitario. “La sociedad las defendió porque funcionan”, expresó, añadiendo que la universidad pública sigue siendo una de las principales vías de movilidad social en el país, a pesar de los desafíos que persisten.
Entre estos desafíos, destacó que cerca del 49% de los estudiantes que ingresan a primer año logra graduarse, un porcentaje alineado con el promedio regional. Además, subrayó la capacidad de adaptación de la UBA, recordando que durante 2025 se implementaron nuevas carreras, como Biotecnología, y se reformaron más de treinta planes de estudio.
Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Yacobitti evitó adoptar una postura de confrontación constante y afirmó que las universidades deben mantener canales de diálogo con cualquier administración. “Nosotros necesitamos trabajar con este Gobierno, con el anterior y con el que venga”, sostuvo. Sin embargo, criticó enérgicamente la estrategia oficial de los últimos meses, mencionando un “doble ataque”: uno relacionado con la difamación y otro vinculado al desfinanciamiento.
Dentro de este marco, rechazó las acusaciones formuladas por diversos funcionarios acerca de los salarios de los directivos universitarios. “El ministro de Economía dijo que yo cobraba 18 millones de pesos. No llego a tres millones por mi sueldo en la universidad”, replicó, añadiendo que, si existen irregularidades, deben ser investigadas, aunque advirtió que “el Gobierno ha recurrido a muchas inexactitudes”.
Finalmente, desmintió las versiones oficiales sobre el supuesto costo que implican los estudiantes extranjeros, explicando que quienes llegan a través de programas de intercambio pagan por su formación y precisando que este año se inscribieron en la UBA aproximadamente 70.000 estudiantes, de los cuales solo el 4% no cuenta con residencia permanente. También recordó que los posgrados son arancelados y que los estudiantes extranjeros abonan incluso más que los argentinos.
Al concluir la entrevista, Yacobitti reiteró que el debate sobre el financiamiento universitario debería abrir paso a una discusión más amplia acerca del futuro de la educación superior. Para él, el desafío no es solo garantizar recursos, sino consolidar un sistema que continúe formando profesionales, generando conocimiento y adaptándose a las transformaciones tecnológicas y productivas del mundo.
