Sin embargo, lo alarmante no es solo la caída, sino la ausencia de señales que indiquen una posible salida de esta situación crítica, que se vuelve cada vez más profunda.
Una de las primeras condiciones para comenzar a revertir este escenario es que el Gobierno reconozca la problemática. No obstante, esta semana, Caputo se dirigió despectivamente a quienes alertan sobre la destrucción del aparato industrial, mientras Milei provocó una crisis sin precedentes con Brasil. Además, casi todo el esfuerzo del oficialismo se ha centrado en facilitar que extranjeros puedan adquirir terrenos, incluso en áreas devastadas por incendios, tal como mencionó el canciller Pablo Quirno.
Fuera del ámbito legislativo, el Gobierno optó por reprimir de manera contundente a un pueblo que se moviliza en contra de lo que percibe como un saqueo del presente y el futuro, en un contexto de deterioro acelerado de la convivencia democrática.
En esta ocasión, la oposición logró frenar la agenda del Gobierno, y varias iniciativas no lograron avanzar en el Senado.
Sin embargo, la crisis que afecta a amplios sectores de la población se refleja en cada nuevo indicador:
* En junio, el número de cheques rechazados por falta de fondos aumentó un 5,9 por ciento con respecto a mayo y se disparó un 57,3 por ciento en comparación con junio de 2025.
* El salario real del sector privado ha caído un 10,3 por ciento desde el inicio de la actual gestión, según estimaciones de FIDE, que compararon la evolución de los ingresos con una inflación calculada a partir de la canasta de gastos de los hogares de 2017, que el Gobierno ha descartado aplicar, llevando a la renuncia del director del Indec, Marco Lavagna, a principios de año.
* En el ámbito público, los salarios han retrocedido un 23,5 por ciento desde que asumió Milei, también basado en la inflación que se debería considerar oficialmente.
* En conjunto, el salario real promedio de los trabajadores registrados ha disminuido un 15,1 por ciento desde noviembre de 2023. Esta pérdida es 6,4 puntos porcentuales mayor que la que arrojan las cifras oficiales, que se basan en una canasta de consumo de 2004 y que minimiza el impacto de los aumentos de tarifas de servicios.
* Debido a la reducción de empleos y la baja en ingresos, más de un millón de personas han perdido el acceso a servicios de salud privados o mutuales desde noviembre de 2023, alcanzando un total de 1.246.285 personas, que ahora representan el 35,6 por ciento de la población frente al 32 por ciento de noviembre de 2023, según otro informe de la UBA.
Ante esta situación, FIDE subraya que “la complejidad de la situación para los sectores productivos vinculados al mercado interno es cada vez mayor. Las condiciones que permitirían proyectar una salida de la espiral contractiva sobre ingresos, consumo e inversión interna aún no son visibles”.
Mientras no se logre un aumento salarial y de jubilaciones que supere la inflación, el consumo seguirá estancado, impactando negativamente en la producción.
La situación se vuelve crítica, ya que los salarios enfrentan una prolongada etapa de contracción en su poder adquisitivo que se extiende por más de una década. “La caída que estamos viendo se produce a partir de niveles de remuneración históricamente bajos”, advierte el informe.
La masa salarial, es decir, la porción de ingresos que corresponde a los trabajadores, ha disminuido un 11,5 por ciento en términos reales entre el primer trimestre de 2017 y 2026. Considerando los ingresos per cápita, la reducción del ingreso laboral por trabajador asciende al 25,6 por ciento.
Sin embargo, el Gobierno no solo desatiende la caída de los salarios, sino que también incrementa los costos de los servicios públicos. Los gastos en electricidad, gas, agua y transporte pasaron de representar casi el 6 por ciento del salario en diciembre de 2023 a cerca del 15 por ciento en la actualidad, explica FIDE.
“El aumento del endeudamiento de los hogares, así como el incremento en la morosidad, tanto bancaria como no bancaria, figuran como otras de las principales consecuencias del deterioro en la capacidad de compra de las familias”, se contextualiza en el análisis.
Frente a esta problemática, el Gobierno ha adoptado una postura de indiferencia ante las realidades de la economía, que no solo persisten, sino que se agravan.
La afirmación de que la morosidad es “una cuestión entre privados” ignora que el Banco Central cuenta con la autoridad para intervenir y regular las condiciones de crédito y las tasas de interés mediante diversas herramientas.
“Es precisamente a partir de esas facultades que debería regir la política monetaria, cambiaria y financiera, las cuales se pretenden derogar a través de la reforma de la Carta Orgánica y el retorno a un mandato único”, concluye FIDE, que es liderada por Mercedes Marcó del Pont, quien propuso la actual Carta Orgánica que prioriza objetivos de crecimiento inclusivo y aumento del empleo, objetivos que Milei y Caputo parecen intentar desestimar.
