En junio, quien presentó la propuesta fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ha sido blanco de críticas, especialmente durante el último fin de semana, por parte de integrantes de su propia bancada. Se le considera el principal responsable de la reciente ley de propiedad privada que fue votada en la madrugada del viernes en la Cámara alta, tras semanas de controversias legislativas.
En su presentación, Sturzenegger trató de respaldar la aplicación de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos en los procesos productivos. Aseguró que la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulaciones específicas para contratos inteligentes y blockchain, podría permitir a Argentina competir favorablemente con Estados Unidos y Europa. “¿Va a funcionar? No lo sabemos. ¿Vale la pena? Sí”, señaló. Además, comparó la situación con Irlanda, donde tributan empresas que no operan localmente pero tienen una residencia fiscal.
En relación a soluciones ante crisis y conflictos internos, la propuesta introduce herramientas para resolver bloqueos, diferencias entre socios, exclusiones y adquisiciones de participaciones. También, establece procedimientos de mediación y arbitraje, permitiendo que los estatutos contemplen métodos para la valoración y pago de participaciones, evitando así la parálisis o judicialización de las empresas. Algunos de estos puntos fueron consultados por el kirchnerismo, recibiendo la aprobación de los representantes del Gobierno.
Otro convidado en las charlas previas fue el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, quien centró su análisis en la cantidad de empresas por cada 1.000 habitantes en comparación con otros países: 60 en Chile y Uruguay, 34 en México y apenas 15 en Argentina. Ramírez subrayó que las normativas actuales están diseñadas principalmente para grandes empresas, que regulan las Sociedades Anónimas de forma rígida, a pesar de que el 99,8% de las empresas en el país son MiPyME, generando el 64% del empleo privado formal.
El inspector también destacó la necesidad de digitalizar los libros societarios y contables en un plazo de dos años, afirmando: “Basta de pérdidas de libros cuando uno está siendo investigado”. En cuanto a las DAOs, expresó que se optó por legislar solo una parte y advirtió que aquellos que intenten evitar identificar a beneficiarios finales no podrán acogerse a esta ley. Asimismo, mencionó que “la alternativa de no hacer nada tiene un costo”, enfatizando la existencia de estas estructuras de manera inevitable.
Para la jornada de hoy, además de Kargieman, se espera la participación de Sebastián Balbín, abogado y profesor de Derecho Societario; Ricardo Nissen, ex titular de la IGJ durante el kirchnerismo; Sebastián Heredia, especialista en blockchain; y Julián Flores, juez civil y comercial de Resistencia, entre otros, sumando un total de 12 expositores.
Más temprano, la comisión de Acuerdos llevará a cabo otra audiencia para discutir pliegos judiciales. Hasta anoche, no había confirmación por parte de sus aliados en cuanto a la sesión que había prometido Patricia Bullrich para sancionar la ley “Hojarasca”, que busca eliminar normativas antiguas, reflejando un clima de tensión tras los recientes tumultos en la Cámara.
