La Corte Suprema recibe un recurso para frenar la eliminación del programa ‘Volver al Trabajo’

La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ha presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema con el objetivo de que se resuelva a favor de más de 900 mil familias trabajadoras que requieren el Salario Social Complementario para su sustento. Esta remuneración fue cancelada por el ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello. Según informaciones obtenidas, la acción judicial busca revertir un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, dictado el 13 de julio de 2026, que había aceptado una apelación del Estado Nacional y anulado una medida cautelar dispuesta en abril por el Juzgado Federal de Campana. La decisión de primera instancia había requerido al Ejecutivo mantener las asignaciones mensuales hasta que se resolviera la cuestión de fondo. En un documento de 29 páginas, los demandantes argumentan que la decisión de la Cámara es arbitraria, al ignorar el carácter esencial de la prestación que fue eliminada por el Gobierno. Según sostienen, la interrupción del ingreso mensual compromete derechos constitucionales fundamentales, generando un “gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior” para las familias en situación de vulnerabilidad. “Una capacitación puede eventualmente mejorar oportunidades laborales futuras, pero no reemplaza en el presente la pérdida de una asignación dineraria mensual destinada a cubrir necesidades básicas”, afirman los letrados al cuestionar los argumentos del Gobierno. Un aspecto clave del recurso es la discrepancia entre el programa eliminado y las alternativas propuestas por la cartera de Capital Humano. La Cámara de San Martín había apoyado la postura del Estado, considerando el programa “Formando Capital Humano” como una medida transitoria. Sin embargo, los demandantes argumentan que el nuevo esquema es insuficiente, basándose en datos oficiales del propio expediente. Por ejemplo, el padrón del Programa “Volver al Trabajo” indica que cerca de 917.740 beneficiarios recibían asignaciones, mientras que el interés en capacitaciones se limita a 136.000 personas. Dada esta diferencia, la defensa de los beneficiarios subraya que el nuevo programa ofrece cursos y vouchers bajo condiciones de disponibilidad y registro, en lugar de un ingreso directo mensual que asegure cubrir la canasta básica alimentaria para todos los afectados. La organización social ha llevado a cabo diversas manifestaciones para presionar al Gobierno, pero desde la administración han afirmado que no habrá un retroceso en esta medida.