La semana pasada, los sindicatos de docentes y trabajadores no docentes llevaron a cabo una huelga el 12 de agosto. En este contexto, la Conadu Histórica (Conaduh) ha establecido un calendario de paros que comenzó ayer y se extenderá hasta el sábado, demandando una mejora salarial conforme a lo estipulado por la ley. Hoy, a las 19, se espera la protesta principal frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.
La convocatoria de esta semana corresponde a una de las federaciones docentes, lo que sugiere que la adhesión variará entre universidades y facultades. Como resultado, durante los próximos días podrían producirse suspensiones de clases o modificaciones en la modalidad habitual de enseñanza. Al mismo tiempo, el Frente Sindical y organizaciones estudiantiles, como la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la FUBA, han planeado acciones para visibilizar el conflicto hasta el jueves, incluyendo la instalación de “carpas por la Universidad y la Soberanía” en diversos puntos del país.
Fuentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicaron que el impacto del paro iniciado ayer es limitado y varía según la facultad, en gran parte porque ADUBA, el gremio con mayor representación en la institución, no se sumó a la medida, lo mismo que los trabajadores no docentes. Según explicaron, en facultades como Sociales y Filosofía y Letras las clases han sido suspendidas, mientras que en Derecho, Odontología y Arquitectura, la actividad sigue con normalidad.
En la Facultad de Ciencias Exactas, se coincidió en que la incidencia de la protesta es reducida. Se señaló que la movilización es promovida principalmente por AGD, un gremio más pequeño dentro de la UBA, aunque activo en varias unidades académicas. “El paro es de gremios muy pequeños. ADUBA no está en paro, por lo que la facultad permanece abierta. Puede que algún profesor no imparta clase por pertenecer a esos gremios”, comentaron.
El principal acto de protesta está previsto para hoy a las 19 frente al Palacio Pizzurno. A las 11, se llevará a cabo una movilización por parte de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes para exigir al Gobierno la aplicación de la normativa. Conaduh también ha convocado un “banderazo”, modalidad utilizada recientemente en manifestaciones del sector científico y tecnológico.
El salario continúa siendo uno de los ejes centrales del conflicto. Las organizaciones gremiales calculan una necesidad de recomposición salarial que oscila entre el 28,5% y el 31,2%, a la que se suman reclamos por retroactivos desde la vigencia de la ley. Los sindicatos argumentan que, a lo largo de estos 300 días, la normativa aprobada por el Congreso no ha sido aplicada en su totalidad.
Además de los reclamos salariales, las organizaciones universitarias también manifiestan su preocupación por la situación de las becas estudiantiles, los recursos destinados al funcionamiento de las universidades y el financiamiento de los hospitales universitarios.
El conflicto no solo se desarrolla en el ámbito de la protesta social, sino que también tiene un componente judicial. La Ley 27.795, promulgada por el Congreso el 2 de octubre de 2025, instauró mecanismos para ajustar los recursos y salarios del sistema universitario conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Ante la falta de aplicación de esta ley, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha llevado el reclamo ante los tribunales.
Las universidades lograron una medida cautelar en diciembre, confirmada por la Cámara de Apelaciones en marzo. El 25 de junio, la Corte Suprema desestimó el último recurso del Gobierno y devolvió la ejecución de la cautelar al juzgado de primera instancia, a cargo de Martín Cormick. Este juez ha convocado una audiencia para el viernes 21 de agosto, en la que podrían surgir novedades sobre la implementación de la medida.
La solicitud judicial fue realizada a instancias de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, el CIN ha pedido que el Poder Ejecutivo sea notificado del cumplimiento de la cautelar y ha planteado que, ante la persistencia del incumplimiento, se evalúen sanciones económicas y, potencialmente, denuncias penales por desobediencia.
El calendario de protestas se ampliará, ya que CONADU ha anunciado otra huelga de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, a la que también se han sumado federaciones como FEDUN y FATUN. Por lo tanto, se prevé que el conflicto universitario se extienda, al menos, hasta finales del mes.
En respuesta a estas medidas, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, ha rechazado los cuestionamientos y ha afirmado que el Gobierno sigue cumpliendo sus obligaciones hacia el sistema universitario, tanto en la atención de hospitales como en salarios y gastos operativos.
La postura oficial asegura que los incrementos salariales se están pagando conforme a lo acordado en el acta paritaria del 10 de junio. En este contexto, el Gobierno ha calificado la huelga como “ilegítima”, afirmando que responde a motivaciones políticas y que “no tiene como prioridad la educación.”
