La Comisión de Legislación General, bajo la presidencia de la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, llevó a cabo su sesión matutina con la participación de 14 expertos invitados para brindar su opinión sobre la reforma societaria. Posteriormente, desde las 16 horas, un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General comenzó a analizar el proyecto del super-RIGI, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
La propuesta de Sturzenegger tiene como objetivo reemplazar la legislación vigente desde 1972 por un nuevo marco que incluye menos requisitos, nuevas modalidades societarias y mecanismos automatizados para la creación y gestión de empresas, incluidas las “sociedades autónomas operativas”. El ministro citó a Irlanda como modelo y afirmó que la reforma busca crear un ambiente propicio para la radicación de empresas internacionales.
La oposición planteó tres objeciones principales: la posible incompatibilidad de algunos artículos con la Constitución Nacional, el riesgo de interferir en competencias que las provincias han reservado en materia de registro societario, y cuestionamientos relacionados con los estándares internacionales contra el lavado de activos, establecidos por el GAFI.
Durante la audiencia del miércoles, surgieron opiniones divergentes entre los especialistas convocados. El abogado Eduardo Favier Dubois, profesor de Derecho Comercial en la UBA, argumentó que la iniciativa “desliza el modelo societario, corre sus límites, hasta un punto que perjudica a los acreedores” y opinó que “el proyecto también tiene capítulos excelentes, pero como reemplazo de ley no puede ser adoptado”. En una línea crítica similar, la doctora en Derecho Patricia Fernández Andreani, de la Universidad Nacional del Comahue, mencionó que el proyecto “privó” al debate de enfocarse en los compromisos que otros países ya exigen a las grandes empresas en cuestiones de ESG, derechos humanos y equilibrio de género.
Sin embargo, hubo defensores de la reforma. El abogado Manuel Tanoira, socio fundador del estudio Tanoira Cassagne, destacó el artículo 2 del proyecto, que “prohíbe a un funcionario público arrogarse funciones judiciales”, considerándolo crucial ante los conflictos que han enfrentado las Sociedades por Acciones Simplificadas. Por su parte, el especialista en Derecho Empresario Carlos Molina Sandoval resumió el proyecto en “cuatro líneas directrices”: flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica.
También surgieron críticas desde el ámbito provincial. El inspector general de Justicia de La Rioja, Jacob Saúl, expresó su oposición a que, “bajo el argumento legítimo de modernizar, se avancen sobre competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias”. En la misma línea, Guillermo Rubano, director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, indicó que los registros provinciales “venimos trabajando desde 2017 en simplificación, digitalización y transparencia” y que el proyecto “no aporta nada nuevo más allá de lo que ya estamos implementando”. Sin más oradores anotados, Márquez clausuró la reunión.
En relación al super-RIGI, se eleva el umbral de inversión mínima por proyecto a 1.000 millones de dólares, quintuplicando los 200 millones de dólares que exige actualmente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones desde 2024, y establece un plazo de adhesión de cinco años para presentar solicitudes. El oficialismo lo presenta como una herramienta para captar inversiones en sectores como tecnología y minerales críticos. El senador Agustín Monteverde (LLA), presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, afirmó que la norma “facilita las inversiones en nuevas industrias”.
Por la tarde, especialistas del Ministerio de Economía expusieron en representación del Poder Ejecutivo, luego de que la oposición solicitara sin éxito la presencia de los ministros Sturzenegger y Luis Caputo.
El Gobierno prevé convocar a nuevas reuniones en las próximas semanas para intentar obtener un dictamen y acelerar el debate en el recinto, luego de la caída de la reforma de la Ley de Tierras y en un contexto en el que también se impulsa otros temas legislativos, como la reforma electoral.
