Esta resolución anula la cautelar dictada en marzo por el entonces juez laboral Herman Mendel, solicitada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que había detenido la implementación del convenio entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad.
La Procuración del Tesoro de la Nación comunicó que el fallo posibilita continuar con el proceso de transferencia, aunque aún quedan otros trámites por resolver. Un planteo interpuesto por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional sigue pendiente y se debe concretar el acuerdo entre Nación y CABA para el envío de recursos necesarios.
El convenio se incluye como un anexo de la Ley de Modernización Laboral N°27.802 y fue ratificado por la Legislatura porteña con 36 votos a favor, dos en contra y la abstención mayoritaria del bloque peronista.
La cautelar de la UEJN había impedido la aplicación del acuerdo firmado, pero la decisión de Lavié Pico permite avanzar en la implementación del nuevo fuero. Desde la aprobación de la reforma laboral, se han presentado múltiples acciones judiciales en contra del cambio de jurisdicción, y una de ellas, promovida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, continúa en curso.
Aunque la Legislatura porteña ratificó el convenio, aún es necesario acordar la transferencia de recursos. Sebastián Amerio, procurador del Tesoro, celebró esta resolución, considerándola un paso hacia la autonomía de la Ciudad, tal como lo establece el artículo 129 de la Constitución Nacional.
“Es la concreción de un mandato constitucional postergado”, manifestó. Además, vinculó este avance a los fallos “Levinas” y “Marcelina” de la Corte Suprema, que han reconocido mayores facultades jurisdiccionales al Tribunal Superior de Justicia porteño.
“Esta decisión habilita a continuar con el proceso de traspaso de dicho fuero a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, largamente demorado”, concluyó.
El nuevo marco judicial estará compuesto por diez juzgados de Primera Instancia y dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, con competencia para resolver conflictos laborales individuales entre empresas y trabajadores en la Ciudad. Los casos ya iniciados antes de su implementación permanecerán en la Justicia Nacional hasta que se dictamine una sentencia definitiva, mientras que los nuevos serán tratados por los tribunales porteños.
Si bien el acuerdo establece la transferencia de competencias, no implica el traslado automático de jueces, funcionarios o empleados nacionales, y los conflictos colectivos y sindicales no formarán parte del nuevo fuero por su naturaleza federal.
Además de la acción judicial en curso, aún queda por definir cómo se realizará la transferencia de los recursos necesarios para financiar la nueva estructura, que el Gobierno porteño espera poner en funcionamiento en febrero de 2027. El Consejo de la Magistratura local ha completado los concursos y ya ha enviado a la Legislatura los pliegos para la designación de los primeros candidatos.
