Ayer, durante una cumbre informal donde participaron representantes del oficialismo y de la oposición, se había acordado presentarse en Labor Parlamentaria con el objetivo de concretar un encuentro en el recinto para debatir este asunto, además de algunos pliegos judiciales que habían quedado pendientes y traspasos judiciales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, poco después de las 13 de hoy, las alarmas comenzaron a sonar, y en cuestión de minutos, los principales bloques decidieron cancelar tanto la reunión como la sesión.
¿Cuál es la propuesta del proyecto? La nueva normativa contemplaría un aumento en el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% anual, en caso de ser aprobada. Este porcentaje incluiría un 6% de bioetanol producido a partir de caña de azúcar, otro 6% proveniente de maíz y un 3% que quedaría sujeto a la libre competencia.
Para el biodiésel, el corte se mantendría en el 7,5% durante el primer año, con una proyección de incremento al 10% posteriormente. Además, se diferenciaría entre empresas integradas, que abarcan toda la cadena productiva, y aquellas no integradas, en referencia a las pequeñas y medianas empresas regionales. Existen inquietudes sobre cómo se gestionará la transición para este último grupo y las posibles disputas sectoriales que, de persistir, desencadenarían un fuerte enfrentamiento en el recinto, tal como se advirtió recientemente. Esto no resulta conveniente para las provincias involucradas ni para los intereses en juego.
¿Cuál es el punto crucial en esta polémica? En lo que respecta al bioetanol, diversos legisladores –algunos manifestaron su disidencia en el dictamen– apoyaron un régimen que tendría vigencia por 30 años. Por el contrario, el proyecto para el biodiésel es más breve y complejo, logrando extender la modalidad para las empresas no integradas únicamente hasta 2036. Por esta razón, varios senadores se mostraron dispuestos a exigir que el 3% permanezca vigente durante toda la duración de la ley en una votación específica del tema.
¿Qué consecuencias tendría eso? Bajo un cronograma de reducción para las empresas no integradas, estas perderían cuota a favor del mercado libre, mientras que para el bioetanol se conservaría el blindaje. Esto generó un descontento notable en varias bancadas, que se encontraron de repente ante compañeros de ambos lados de la disputa, creando un clima poco propicio para avanzar en el recinto. Ayer, un destacado miembro del oficialismo sugirió que, aunque el Gobierno se mostraba reacio a renegociar lo acordado en el dictamen, existían preocupaciones con respecto al sector biodiésel, lo que fue considerado un indicio de los problemas que llevaron a frenar la agenda.
Después de lo ocurrido, la Cámara alta cuenta con dos plenarios significativos pendientes. En uno de ellos, las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; y Economías Regionales buscan acelerar la propuesta de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que está orientada a proyectos que superen los USD 12 millones destinados a grandes empresas. Este régimen incluiría modificaciones en la amortización del Impuesto a las Ganancias, que se aplicaría, “para inversiones en bienes muebles amortizables”, en “dos cuotas anuales, iguales y consecutivas”.
Por otro lado, desde las 17.30, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda discutirán la ampliación de la Inocencia Fiscal vigente, que busca eliminar los topes de ingresos –hasta $1.000 millones– y patrimonio –hasta $10.000 millones–, que actualmente limitan el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Esto permitiría a cualquier contribuyente con residencia fiscal en el país acceder al esquema, que reemplaza la tradicional declaración jurada por un sistema de presentación más simplificado.
