Su gestión está marcada por una mezcla de confrontaciones vehementes, insultos y posturas altisonantes que buscan reafirmar un poder dominante, mientras que, en contraposición, lleva a cabo concesiones y retrocesos importantes como una táctica defensiva para evitar pérdidas significativas en disputas relevantes, todo en un marco económico que sigue arrojando indicadores negativos. Esta dualidad se traduce en una ofensiva verbal acompañada de retrocesos en términos concretos.
Este jueves, se reunieron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, más de dos meses tras su último encuentro, en el que quedó establecido un compromiso por parte de las distintas corrientes del peronismo para mantener vigentes las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al igual que en la ocasión anterior, esta cumbre se llevó a cabo con la participación de gobernadores y legisladores nacionales del justicialismo. Las PASO se volvió a colocar en el centro de la discusión, junto con los lineamientos del presupuesto nacional.
Por otra parte, el estudio de las operaciones financieras relacionadas con la economía y dirigidas a generar efectos sociales y ambientales positivos ha evidenciado un retroceso en los últimos dos años en la Argentina. Esto ocurre, al menos, en relación a los créditos bancarios y la emisión de títulos de deuda, según se desprende del mapeo realizado por el Centro de Estudios en Sustentabilidad de Innovación Social (Cesis) de la Universidad Austral, en colaboración con la Fundación Alimentaris.
Un grupo que se autodenominaba “los reyes de la mentira” tenía un plan claro: infiltrarse en un organismo del Estado vinculado a la Salud, actuando como “troyanos”, con el objetivo de obtener beneficios económicos suficientes para retirarse a un destino paradisíaco como Tenerife. Lograron, al menos, concretar la primera parte de su plan. Con Pablo Atchabahian, un exfuncionario de administraciones de diversos signos políticos a la cabeza, lograron posicionar a Daniel Garbellini en un puesto clave dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde allí, tomaron el control de las compras de medicamentos, direccionaron pagos y aseguraron “sobreprecios sistemáticos” a ciertas empresas, según lo expuesto en el dictamen presentado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez el día de ayer.
Además, este jueves, Daniel González anunció su salida del Gobierno, donde se desempeñaba como secretario de Coordinación de Energía y Minería del ministro de Economía, Luis Caputo. La noticia fue comunicada por el propio González durante su participación en el programa de streaming oficialista Carajo, titulado Las tres anclas. Fuentes del Palacio de Hacienda informaron que no se contempla un reemplazo para su cargo.
En otro orden de cosas, el presidente Javier Milei se refirió a la reciente subida del riesgo país, que ha superado los 700 puntos, y sobre la situación de estancamiento económico que, según admitió, no se desarrolla conforme a las expectativas.
El jefe de Estado atribuyó esta situación a un shock externo provocado por el incremento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y a conflictos geopolíticos como las guerras en Ucrania e Irán. “Los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos”, expresó Milei en declaraciones radiales.
Un día antes de su encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el influyente subsecretario de Estado, Christopher Landau, manifestó la preocupación de las empresas estadounidenses respecto a un aspecto particular de la ley de defensa de la soberanía nacional, promovida por el Poder Ejecutivo en el Congreso. Este proyecto no solo prevería sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), involucradas en el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino que también afectaría a las empresas asociadas a ellas en otras iniciativas.
