El evento tuvo lugar el 22 de octubre y reunió a destacados participantes, entre ellos al juez de la Cámara Federal de Casación Penal y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Slokar, y al legislador Andrés La Blunda, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación.
La Universidad de Buenos Aires desempeñó un rol clave en la organización, con la cátedra de Slokar de la Facultad de Derecho colaborando junto a la Universidad de São Paulo, la Universidad Federal de Paraná de Brasil y la Universidad de O’Higgins de Chile.
Las primeras tres jornadas se llevaron a cabo en el Salón Vélez Sarsfield de la UBA, donde se discutieron temas relacionados con el sistema penal, las condiciones de encarcelamiento, la litigación judicial, el uso de la fuerza y las políticas públicas de seguridad desde una perspectiva regional.
Durante el acto de cierre, La Blunda subrayó la conexión entre la violencia institucional, el deterioro de las condiciones de vida y la criminalización de la protesta social. “Cuando se deterioran salarios y jubilaciones, se debilitan servicios públicos y se restringen derechos, crecen los reclamos. Cuando la respuesta es la represión, la fuerza policial se convierte en una herramienta para sostener ese modelo regresivo y desalentar la organización popular”, indicó el legislador.
Por su parte, Slokar criticó los indicadores empleados para evaluar las políticas de seguridad y destacó el aumento de muertes relacionadas con la actuación de las fuerzas policiales. “Desde 2022, la tasa de homicidios se redujo hasta alcanzar un indicador del 14% actual. Nadie dice nada acerca del incremento de más del 57% de los casos identificados con intervenciones policiales. Y tampoco nadie dice nada acerca del incremento del 32% de las muertes bajo custodia policial”, manifestó Slokar.
La Blunda también mencionó los 2.670 incidentes de violencia institucional registrados en 2025 por el Ministerio Público de la Defensa, de los cuales el 75% involucró violencia física. Además, resaltó los esfuerzos legislativos para fortalecer la revisión judicial de las detenciones y las garantías constitucionales.
La jornada reunió a otros legisladores, así como a representantes de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, H.I.J.O.S., la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.
El cierre del seminario tuvo como objetivo articular el debate académico con la participación de organismos públicos y de derechos humanos, en el contexto de una iniciativa destinada a promover el intercambio regional de experiencias y fortalecer herramientas institucionales para prevenir la violencia policial.
