La justicia de Santa Fe, encargada del caso, ha determinado que la venta se realizará a través de una licitación pública en la cual ya han expresado su interés al menos seis potenciales compradores. Este proceso se produce semanas después de que el juez Marcelo Gelcich decretara la quiebra de la cooperativa, tras el fracaso del concurso preventivo que había solicitado en febrero del año anterior. SanCor había estado enfrentando una prolongada crisis productiva y tenía una deuda superior a los USD 120 millones.
La licitación organiza los activos en siete lotes: los primeros seis corresponden a las plantas industriales, situadas en tres localidades de Santa Fe y tres de Córdoba, y el séptimo abarca los activos intangibles, siendo esta categoría una de las más valiosas, ya que incluye la marca SanCor y sus submarcas. En conjunto, las instalaciones han sido tasadas en USD 27,4 millones, mientras que el valor del paquete de marcas asciende a USD 24,7 millones, desglosándose en USD 18,7 millones para la marca principal y USD 6 millones para submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.
La planta ubicada en Devoto es la que encabeza las valuaciones individuales, con USD 7 millones, donde se producían leche en polvo, manteca y crema. Le sigue la instalación de Gálvez, valorada en USD 5,5 millones, dedicada al fraccionamiento y empaque de productos lácteos. Las plantas de La Carlota y Balnearia se han tasado en USD 5 millones cada una, mientras que la de San Guillermo, especializada en quesos, vale USD 2,5 millones. Por otro lado, la planta de Sunchales, que sufrió un incendio en la primera semana de junio, sufrió una disminución del 20% en su tasación y actualmente tiene un valor de USD 2,4 millones.
Según la disposición del juez, los interesados podrán presentar ofertas por activos individuales, combinaciones de plantas o por la totalidad del negocio. Para participar, deberán adquirir un pliego cuyo costo es de USD 10.000 y presentar una garantía equivalente al 10% de la oferta realizada. El juzgado aclaró que el monto ofertado no será el único criterio de selección; también se tendrán en cuenta los antecedentes de los oferentes y sus planes para la continuidad de la operación y el empleo.
Se ha informado que la mayoría de los interesados son empresas del sector lácteo que habían mantenido contacto con SanCor desde que comenzaron a surgir rumores de quiebra el año pasado. La relación se remonta a, al menos, noviembre de 2025, cuando el juez a cargo del concurso en la Cámara de Rafaela invitó a los acreedores a presentar propuestas concretas para reactivar la empresa. A pesar de que había interesados dispuestos a invertir, la condición de quiebra fue un obstáculo crucial para avanzar en cualquier propuesta.
Recientemente, el sindicato Atilra incluyó entre los potenciales oferentes a Savencia, propietaria de la marca Milkaut; Adecoagro, productor de Las Tres Niñas; Punta del Agua; Elcor, marca La Tonadita; y La Tarantela. También se menciona al empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y de medios en varias provincias, quien tiene participación en el Grupo América. Aunque no asistió a una reunión con el gremio, Scaglione anticipó la posibilidad de formular una propuesta integral con respaldo de socios internacionales.
Desde el entorno del proceso se expresó que existe una fuerte expectativa en que el futuro comprador adquiera la totalidad de los activos: “La propuesta es que el que compra, compra todo”.
La quiebra de SanCor es el resultado de un prolongado deterioro financiero que llevó a la cooperativa, en su momento una de las principales procesadoras de leche del país, a esta situación. El concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 no logró revertir el problema y en abril de ese año, la cooperativa solicitó su quiebra con una deuda total de USD 120 millones. El juez Gelcich calificó el caso como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”, señalando que “la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.
Además, el documento judicial determinó una deuda postconcursal impositiva y previsional de $6.349.470.914 en capital, a lo que se suma $12.788.850.187 en salarios impagos entre mayo de 2025 y enero de 2026, así como aportes pendientes a obras sociales y sindicatos por $3.380.071.061. A pesar de la quiebra, la Justicia autorizó que la empresa continúe operando para resguardar los puestos de trabajo de sus 914 empleados, dado que el cierre total de actividades “causaría un perjuicio” a trabajadores, acreedores laborales y proveedores.
