El proyecto propone derogar 62 leyes, eliminar artículos de tres más, modificar cuatro y suspender dos decretos considerados obsoletos o burocráticos. Tras haber obtenido una cómoda media sanción en Diputados, con 138 votos a favor y 96 en contra, todo parecía indicar que avanzaría sin inconvenientes hacia su conversión en ley. No obstante, las dilaciones en su tratamiento han generado dudas sobre los consensos alcanzados respecto a la reforma. “Creemos que el proyecto que viene de Diputados está bien, pero seguramente tendrá algunas pequeñas modificaciones de acuerdo al acompañamiento aquí en el Senado”, afirmó un referente de La Libertad Avanza, quien estará presente en el plenario que tiene previsto dictaminar el proyecto este miércoles a las 15 horas.
¿Qué implicaría una modificación en el texto? En caso de aprobarse con cambios, la nueva redacción tendría que retornar a la Cámara de origen, es decir, a Diputados, para su ratificación o para decidir si se insiste con el escrito original. Ya se había cedido en ciertos aspectos: el oficialismo retrocedió en algunas derogaciones que habían sido solicitadas por legisladores, como las credenciales de libre circulación y estacionamiento (Ley 20.959) y la creación del Círculo de Legisladores (Ley 20.984), que seguirá recibiendo fondos del gobierno nacional.
La renovación del bloque libertario en el Senado ha facilitado la aprobación de todos los proyectos que el Gobierno ha tratado en 2026. También se respaldó la Ley Nº 11.380, que otorga facilidades crediticias a cooperativas a través del Banco Nación, además de eximiciones de impuestos nacionales relacionados con papel sellado, construcción y patentes. Según se ha conocido, desde los bloques se está reclamando la eliminación de la exclusividad del financiamiento nacional a la Federación Argentina de Municipios, tal como lo estipula la ley 24.807, y la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la fabricación de fármacos, vacunas y productos médicos.
Si no logra resistir las modificaciones al proyecto aprobado en Diputados, La Libertad Avanza podría enfrentar un nuevo revés en el Senado, donde sus aliados han comenzado a mostrar mayor oposición a sus iniciativas en la reciente sesión, que culminó con la aprobación de un pliego judicial cuestionado por la Casa Rosada. Además, el oficialismo reconoce las dificultades para avanzar con la reforma electoral y la disminución del régimen de zonas frías en la Cámara alta. Aunque existe la posibilidad de redirigir su desempeño legislativo en una sesión programada para el próximo jueves 18 de junio, el peronismo está presionando para que se incluya la interpelación a Manuel Adorni en la agenda y de este modo frustrar los planes libertarios. La situación se definirá a las 18 horas del miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria.
Entre los proyectos que serán abolidos está la ley que establece una matrícula para las palomas mensajeras de carrera y la que exige a los ciudadanos poseer un “carnet de mochilero”. Sin embargo, se derogarán otras leyes que tienen aplicaciones claras, pero que no se alinean con la postura del Gobierno: la promoción de la apicultura y la eliminación de la Ley 16.789, que estipula que los funcionarios que adquieran vehículos destinados a su servicio “deben comprarlos dentro de la industria automotriz nacional”.
También se derogará la Ley 25.750, que preserva los Bienes y Patrimonios Culturales, donde se establece que el Estado debe proteger el “patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural”, así como las “empresas dedicadas a la ciencia” e “industrias de relevancia para la defensa nacional”, además de limitar la “participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario” en medios de comunicación.
Cabe destacar que la nueva redacción prevé una excepción para la conocida “ley del Lobizón” N°20.843, que institucionaliza el padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón o de la séptima hija mujer en una pareja, asegurándoles una beca de estudios vitalicia. Aunque esta norma será eliminada, la ley Hojarasca establece que los ahijados de algún presidente “podrán optar por seguir manteniendo sus beneficios”.
