Desde su implementación en 2005, el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) opera bajo una premisa sencilla: las empresas de sectores como la generación de energía, la industria manufacturera y la aviación deben adquirir derechos de emisión para liberar dióxido de carbono. Cada derecho representa una tonelada de emisiones. El sistema establece un límite total que se reduce cada año, aumentando así el costo de la contaminación y empujando a las empresas a planificar su descarbonización a largo plazo.
“Saben cuál va a ser el tope durante la próxima década y de qué manera se va a reducir. Tienen un cronograma para las inversiones”, dijo el entrevistado a periodistas en esta ciudad como parte del proyecto EU Climate Dialogues 2 (EUCD 2), financiado por la UE.
Actualmente, el mercado de carbono abarca el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. A partir de 2024, se incluirá gradualmente el transporte marítimo, y desde 2028 se implementará un segundo sistema que abarcará edificios, transporte terrestre y combustibles de industrias de bajas emisiones, que hasta ahora no formaban parte del esquema. Esta expansión se complementará con el Fondo Social para el Clima, con el objetivo de aliviar el impacto en hogares y empresas vulnerables.
Asimismo, el sistema dio origen al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, conocido como CBAM, que establece un precio para el carbono contenido en productos importados al mercado europeo, para evitar que las empresas desplacen su producción a países con regulaciones más laxas y eludan así el costo del sistema, lo que se denomina “fuga de carbono.”
La UE ha recogido seis lecciones clave del mercado de carbono en las últimas dos décadas. En primer lugar, la necesidad de contar con datos íntegros: un monitoreo transparente y verificable es fundamental para el funcionamiento del sistema. En segundo lugar, el límite debe alinearse con los objetivos climáticos y disminuir de manera predecible. Tercero, el principio de que el contaminador debe asumir el costo, sin que esto recaiga en los presupuestos públicos ni en los ciudadanos. Cuarto, es crucial la flexibilidad, ya que el sistema dispone de una reserva de estabilidad para manejar fluctuaciones en los precios. Quinto, se debe asegurar la equidad en el diseño del sistema. Y finalmente, los ingresos generados deben reinvertirse en la transición; desde 2023, los estados miembros están obligados a destinar el 100% de lo recaudado a fines climáticos.
Sin embargo, las tensiones persisten. Las industrias europeas argumentan que el actual precio del carbono, que ronda los 80 euros por tonelada, afecta su competitividad frente a países como China y Estados Unidos. La UE reconoce esta preocupación, pero aclara: “Es solo un factor muy pequeño en el costo que tienen, pero es políticamente muy sensible”, afirmó una fuente comunitaria. Por otro lado, los sectores que se benefician de la transición —energía solar, eólica, vehículos eléctricos, bombas de calor— han comenzado a defender con mayor énfasis el sistema.
La meta de la UE cuenta con un respaldo legal, ya que la legislación climática europea establece una reducción de las emisiones de al menos un 55% para 2030 en comparación con 1990. Una reciente enmienda elevó esta meta a un 90% para 2040, permitiendo, hasta en un 5%, el uso de créditos internacionales de otras regiones, incluida América Latina.
