Diego Fraga, socio de Expansion Business Argentina, y Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, comparten el diagnóstico, pero advierten que una reforma drástica podría impulsar a 4 millones de contribuyentes hacia la informalidad. En su reciente informe sobre la situación argentina, el FMI cuestionó directamente el funcionamiento del Monotributo, proponiendo revisar tres aspectos clave.
Ambos tributaristas coincidieron en que el análisis del FMI sobre las distorsiones del sistema es válido, pero sostienen que encarecer el Monotributo podría tener consecuencias no deseadas. Fraga, abogado especializado en temas fiscales y profesor en la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, indicó que la actualización del Monotributo realizada al inicio del gobierno de Javier Milei fue una de las mejores decisiones fiscales. Según él, el aumento de los límites, la introducción de categorías superiores para servicios y un mecanismo de actualización periódica han impedido que la inflación excluya a contribuyentes que, en la práctica, continúan siendo pequeños.
El Monotributo es considerado por Fraga como uno de los regímenes especiales más adecuados en Argentina, un recurso que facilita la inclusión en un sistema tributario calificado como “un verdadero laberinto”. Si bien reconoció que puede haber abusos que provoquen maniobras de “enanismo fiscal”, esto no descalifica al sistema, y sugiere que la respuesta debería ser ampliarlo y perfeccionarlo, no encarecerlo.
El FMI acierta al señalar la complejidad y distorsión del sistema tributario argentino, pero “vuelve a equivocarse en la solución”, ya que sugiere financiar la reducción de ciertos impuestos problemáticos aumentando la carga sobre los sectores que ya están formalizados. Por el momento, el informe del fondo no constituye una norma ni propone cambios inmediatos, pero representa una señal política preocupante, especialmente para los contribuyentes con mayores ingresos. Fraga afirmó que el Gobierno enfrentaría serias consecuencias en las elecciones si se implementa una medida agresiva contra el Monotributo, afectando no solo a profesionales de altos ingresos, sino también a comerciantes y trabajadores independientes de diferentes estratos.
Cuando se le preguntó si igualar el costo del Monotributo con el régimen general podría aumentar la informalidad, Fraga advirtió sobre el gran riesgo que ello implica. Según sus palabras, el FMI parece suponer que al encarecer el Monotributo, los contribuyentes transitarían racionalmente al régimen general y el Estado obtendría más recaudación. Sin embargo, argumenta que es más probable que muchos opten por reducir su facturación formal, operar en efectivo o incluso abandonar el sistema por completo.
Convertirse en autónomo y Responsable Inscripto implica más que simplemente asumir el IVA y Ganancias; también conlleva anticipos, aportes de autónomos y mayores costos administrativos. Aquellos que facturan a consumidores finales se verán especialmente afectados, ya que el IVA podría trasladarse en aumentos de precios que, si el mercado no lo permite, terminarían siendo absorbidos por el profesional, reduciendo su ingreso. El Monotributo representa, para muchas personas, el único acceso posible entre la informalidad total y el sistema formal, y su encarecimiento podría generar un aumento en la informalidad, opinó Fraga.
Con respecto a la fragmentación de empresas que argumenta el FMI, Fraga aceptó que existe, pero considera que confunde la causa con el efecto. Nadie opta por no crecer por preferir el Monotributo, señaló. Al cruzar el límite, los contribuyentes caen en un régimen general que resulta mucho más caro y complicado. En su opinión, debería haber una ampliación de límites, eliminar saltos bruscos y establecer una transición gradual hacia el régimen general, además de reducir la carga impositiva en este último.
Los controles actuales permiten a las autoridades fiscales acceder a información sobre facturación electrónica, datos bancarios y consumos con tarjetas, lo que facilita identificar inconsistencias entre la categoría declarada y la verdadera capacidad económica. “No tiene sentido castigar a millones de pequeños contribuyentes por los abusos de algunos”, concluyó. Además, según datos oficiales, alrededor de 10.000 grandes contribuyentes generan el 80% de la recaudación, lo que justificaría concentrar la fiscalización en ese grupo y aplicar controles automatizados en los demás.
Fraga cuestionó también la afirmación del FMI sobre que el Monotributo erosiona la base imponible en un punto del PBI, considerándola una estimación estática que ignora que tras un aumento significativo de la carga, muchos podrían dejar de facturar.
Domínguez, contador público y también socio de SDC Asesores Tributarios, coincidió en que la fragmentación empresarial es un fenómeno real, donde contribuyentes próximos a superar los límites de su categoría suelen facturar a través de familiares para no salir del régimen. Sin embargo, señaló que tal práctica ha disminuido, dado que el límite de facturación anual excede los 100 millones de pesos, alcanzado por pocos monotributistas.
Desde un enfoque técnico, Domínguez reconoció las fallas del Monotributo que señala el FMI, pero advirtió que actualmente no es viable eliminarlo, ya que abarca a más de 4 millones de personas que probablemente dejarían de cumplir si se les trasladara al régimen general. Considera que el régimen ha funcionado como un instrumento de inclusión social que, a largo plazo, requiere reforma, no ajustes abruptos.
Además, mencionó inequidades estructurales, como el hecho de que un contribuyente de categoría A reciba la misma jubilación mínima que un autónomo o un monotributista de categoría máxima, a pesar de las diferencias en sus aportes. Reconoció que hay muchas inequidades que necesitan cambios, pero advirtió que no se pueden implementar de forma apresurada, ya que eso podría sacar a una gran parte de los contribuyentes de la formalidad del trabajo autónomo.
