Ignacio Martín Irigaray, un exdirectivo de la Oficina Anticorrupción (OA) que ocupó un cargo durante el gobierno anterior, presentó hoy ante el Tribunal Oral coincidencias en el tiempo entre los pagos por obras públicas que recibió la empresa BTU, dirigida por Carlos Mundín, y los encuentros entre sus dirigentes y funcionarios, donde, según lo alegado, se habrían realizado pagos de sobornos.
En un caso concreto, el 11 de agosto de 2010, la empresa recibió 37 millones de pesos en una cuenta del Banco Galicia. Dos días después, Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, junto a Santiago De Vido, hijo del entonces ministro, y Mundín, se reunieron en el restaurante Croque Madame, ubicado sobre la avenida del Libertador.
“Nadie paga un soborno de su propio bolsillo. Por lo tanto, normalmente, cuando hay un soborno, corresponde a dinero que la empresa obtiene del propio contrato”, afirmó Irigaray.
Otra coincidencia mencionada, que fue incluida en un informe elaborado por Irigaray y presentado durante su testimonio, corresponde al 14 de octubre de ese mismo año. En esa fecha, la empresa recibió cerca de 4 millones de pesos, y al día siguiente, de acuerdo con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Baratta se habría vuelto a reunir con Mundín en el mismo establecimiento.
Los informes se limitan a señalar la proximidad temporal de los eventos, sin ofrecer conclusiones o inferencias. El abogado de Kirchner, Alberto Beraldi, solicitó al testigo su perspectiva sobre dicha coincidencia. “Es raro […] puede no significar nada. Pero es para mirarlo y pensarlo”, respondió.
Irigaray, quien comenzó su carrera en la función pública durante la administración de Néstor Kirchner, explicó que, en el momento de su intervención en la causa, lideraba equipos de investigación en la OA, la cual era parte querellante en el caso.
Relató que su tarea consistía en hacer cumplir contratos ya en curso con empresas que estaban bajo investigación. “Estábamos en el medio. Pertenecíamos al Estado que debía pagar y éramos querella que estábamos interesados en satisfacer los embargos”, comentó.
Entre 2003 y 2015, periodo que se investiga en esta causa, la empresa BTU S.A. llevó a cabo 23 proyectos de infraestructura energética y ferroviaria.
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