Durante la jornada, representantes del Ministerio de Economía y del Banco Central defendieron la propuesta, asegurando que no se trata de un nuevo blanqueo de capitales y explicando los cambios técnicos más relevantes de la iniciativa. Por su parte, la oposición alertó que la medida beneficiará a quienes evaden impuestos y exigieron la exclusión de funcionarios públicos del régimen.
La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el próximo 19 de agosto. Sin embargo, todavía se requiere ajustar el texto debido a preocupaciones de aliados políticos que buscan garantizar que no se permita la inclusión de funcionarios, a raíz de la experiencia con Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete.
Los expositores del oficialismo incluían a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; al director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y al director del Banco Central, Martín Vauthier.
Balestrini argumentó que la modificación se debe, entre otros factores, a la decisión de postergar hasta agosto el vencimiento de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. “El vencimiento de la declaración jurada de ganancias fue postergado para el mes de agosto, con lo cual nos parece importante ampliar lo que hoy está vigente a otro universo de contribuyentes”, indicó.
La funcionaria también destacó el alto nivel de adhesión que ha tenido el régimen simplificado actual y sostuvo que esos resultados justifican la ampliación de su alcance. “Teniendo en cuenta que el nivel de acatamiento al régimen simplificado previsto en el régimen actual fue muy importante, se justifica ampliar este régimen para que más contribuyentes puedan adherirse”, afirmó.
Recalcó que la iniciativa no introduce nuevos beneficios fiscales ni constituye un régimen de exteriorización de activos. “Actualmente ya existe el régimen denominado de Inocencia Fiscal. Este régimen se relaciona con cuestiones que todos los contribuyentes, no solo aquellos que adhirieron a una declaración jurada simplificada, ya tienen vigente “, señaló.
A continuación, Imirizaldu ofreció un análisis técnico del proyecto, comparando la legislación actual con la reforma propuesta. Según explicó, la estructura general del régimen permanece sin cambios.
“En lo que respecta a los lineamientos generales, la ley no sufre modificaciones, lo que implica que sigue abarcando el mismo universo de sujetos, que son las personas humanas y las sucesiones indivisas. Esto significa que las sociedades no entran dentro del régimen simplificado”, explicó.
El funcionario también aclaró que quienes se adhieran deben seguir siendo residentes fiscales argentinos y que la principal modificación consiste en ampliar el universo de personas elegibles para el régimen simplificado, eliminando las restricciones que actualmente existen en relación al nivel de ingresos, patrimonio o situación frente a la administración tributaria.
Además, indicó que los grandes contribuyentes podrán presentar una declaración simplificada, aunque sin beneficios adicionales.
El cierre de las exposiciones fue realizado por Vauthier, quien contextualizó la iniciativa dentro de la estrategia económica del Gobierno para fomentar el ahorro interno y estimular la inversión.
El director del Banco Central destacó que la economía argentina tiene un considerable volumen de dólares fuera del sistema financiero y que el propósito de la ley es facilitar su formalización. “Cuando uno observa las estimaciones sobre la cantidad de billetes en moneda extranjera que poseen los argentinos fuera del sistema financiero, estamos hablando de alrededor de 170 mil millones de dólares, probablemente esa sea una estimación mínima”, señaló.
Detalló que esta suma equivale a entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en dólares existentes en el sistema financiero. “El objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin enfrentar penalidades”, añadió.
El debate también generó fuertes críticas desde la oposición. Myriam Bregman, representante del Frente de Izquierda, rechazó el proyecto, argumentando que “una vez más quieren una ley para los grandes evasores”, mientras que distintos bloques insistieron en que la iniciativa debería excluir expresamente a los funcionarios públicos para evitar posibles conflictos de interés.
La reunión también vivió un momento de tensión cuando el diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, cuestionó que la exposición de Vauthier se había centrado más en aspectos macroeconómicos que en el texto del proyecto. Tras una ironía sobre la duración de la presentación, recibió una contundente respuesta del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien defendió al funcionario, afirmando que había ofrecido “una clase magistral” sobre los fundamentos económicos de la iniciativa.
El proyecto ahora continuará su tratamiento en comisión antes de que el oficialismo intente llevarlo al recinto, donde busca aprobar la ampliación del régimen simplificado de Inocencia Fiscal.
